México rechaza frente a CIDH toda ayuda internacional para revertir la impunidad

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Martes 24 de octubre de 2017

 

Pese a comprometerse a la investigación y a sancionar los asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, el Estado mexicano rechazó «expresamente» cualquier tipo de cooperación internacional para revertir la crisis de impunidad en el país.

La postura del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto se dio durante la audiencia Denuncias de asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza, México, del 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se celebra en Montevideo, Uruguay, donde la representación del Estado mexicano también se negó «contundentemente» a constituir un consejo asesor integrado por expertos internacionales como lo recomendó por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos para abatir la impunidad.

Todo ello, no obstante a que en Coahuila ya colabora un grupo de asesores internacionales para la prevención e investigación de violaciones graves cometidas en esa entidad, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que organizó una mesa de análisis en torno al desarrollo de la audiencia y la situación de los hechos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos en Coahuila.

En julio de 2017, la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y un grupo amplio de organizaciones mexicanas emitieron una comunicación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando la apertura de un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en Coahuila, México, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2016.

Ese análisis, contenido en dicha comunicación, fue presentando hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su audiencia pública frente a representantes del Estado mexicano. Se trata del informe “México: Asesinatos, desapariciones y tortura en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, resultado de una investigación y un estudio jurídico de la situación de los derechos humanos en Coahuila realizados por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.

Durante la audiencia pública de hoy, representantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la CMDPDH y la FIDH destacaron que entre el 2009 y el 2016 se cometieron crímenes graves, «incluyendo la privación de la libertad física, la tortura y desapariciones forzadas, en la forma de un ataque sistemático del Estado mexicano contra la población civil», delitos que califican como crímenes de lesa humanidad y son, por tanto, de competencia de la CPI.

Abordaron también la colusión de las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cártel de Los Zetas para la comisión de crímenes de lesa humanidad entre el 2009 y el 2011, así como la responsabilidad directa de las autoridades estatales responsables de la seguridad, a través de las fuerzas especiales, en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

En particular, señalaron la colusión del ex gobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles; a su hermano Rubén Moreira (siguiente gobernador del estado); a alcaldes, policías municipales, estatales y federales; militares y agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.

También hicieron hincapié en dos casos particularmente violentos: la Masacre de Allende y el caso del Penal de Piedras Negras. Desarrollaron un análisis del carácter sistemático del ataque contra la población civil y explicaron que ha sido posible identificar “la repetición de crímenes realizados según la misma lógica, de acciones preparatorias y coordinadas, demostrando la existencia de una política de cometer un ataque contra la población civil”.

Organizada por CMDPDH, en la mesa de análisis en torno a lo sucedido en la audiencia pública de la CIDH en Montevideo expertos en derechos humanos abordaron temas como la falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y sancionar asesinatos, desapariciones y tortura en México; la «política deliberada» del Estado mexicano de cometer crímenes atroces y la compenetración de organizaciones criminales con autoridades estatales.

Los especialistas e integrantes de la sociedad civil fueron José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Ana Laura Velázquez Moreno, del Área de Primer Contacto y Atención a Víctimas de la organización Idheas. Litigio Estratégico; Norma Quintero, del Área internacional del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios; Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH; vía remota, Ximena Medellín, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ariel Dulitzky, director de la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas), y Naomi Roht-Arriaza, profesora de la Universidad de California. Hastings College of the Law.

Avances, según el gobierno mexicano

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación dio cuenta de la respuesta dada por la representación mexicana en la audiencia de la CIDH respecto de los hechos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos en Coahuila: «Destacó los avances legislativos, programáticos y de políticas públicas que se han realizado en esa entidad en la materia. Entre otras acciones, se destacó la creación de instituciones y mecanismos especiales para la investigación de delitos, la aplicación de protocolos especializados en las labores de seguridad pública, así como el diálogo continuo con víctimas del delito, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil y la academia».

La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías. También intervino el ex Subprocurador de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Juan José Yáñez.

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Foto de portada: CIDH.