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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Lunes 23 de enero de 2017
En el caso del asesinato de tres niños de San Miguel de Allende, el sello de la infausta actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, secundada solidariamente por la Secretaría de Seguridad Pública, lo impone el propio gobernador Miguel Márquez Márquez cuando ante los despropósitos se niega a retirar del cargo al procurador Carlos Zamarripa Aguirre mientras dura el proceso legal y reitera su total confianza en la corporación.
Las exclamaciones de la madre, familiares y ciudadanos dolidos e indignados por el adverso destino de los pequeños dan cuenta del principio y fin de los cuatro años de vigencia de la supuesta estrategia estatal de seguridad, coronada en sus primeros días con el rimbombante Proyecto Escudo.
Como si se tratara de dar trámite a un asunto concluido, casi dos días después de lo que habría sido resultado de una balacera protagonizada por agentes de la PGJE y supuestos delincuentes, que se esfumaron en un tris, la procuraduría emitió un boletín con el que pretendió transformar la tragedia en logro. En el aparatoso documento “PGJE 016/2017” intentaba comunicar lo siguiente: “La PGJE y la SSPE informan sobre la detención de multihomicida y el aseguramiento de una casa de seguridad, armas y droga”. Mediante un reporte de hombres armados en la comunidad Ampliación Cieneguita, cuando llegaron los elementos “fueron recibidos con disparos de armas de fuego, ante ello se solicitó apoyo por parte de los grupos tácticos; ahora se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble toda vez que había aún detonaciones del interior de este hacia los elementos, y ya asegurado el inmueble lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego que fueron aseguradas y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino quien dijo ser su esposa y señalaba a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de 11, 8 y 4 años de edad”.
Lo que sí se sabe ahora es que el 50 por ciento de lo dicho, si se concede, son verdades a medias; lo demás, mentiras plenas. ¿Dónde están las armas y la droga aseguradas? ¿Se les puso a disposición de alguna autoridad? ¿Casa de seguridad? ¿De qué? Nada se sabe. ¿El detenido es un multihomicida? ¿Así, tras un operativo motivado por un pitazo? ¿Sin investigación ni juicio? Ante tan vaga afirmación cualquiera podría imaginar que se trata de uno de los sicarios de que tanto hablan las autoridades. Es decir, la criminalización como norma.
Mucho tiempo ha tenido Carlos Zamarripa para explicar todas las dudas que han caído sobre el caso y el proceder de la PGJE. No lo ha hecho. Ha preferido sostenerse en la acusación de que Antonio Luna es el asesino de sus hijos y que intentó acabar con la vida de su esposa. Y como se avizoraba, optó por desmentir su comunicado y afirmar que aquello de los supuestos delincuentes que recibieron a balazos a sus policías es un asunto aparte. Aunque ya en el enredo, dijo no descartar una linea de investigación que relacione al velador con los criminales invisibles. La procuraduría, en cambio, poco tardó en dar a conocer a través de un tuit -la moderna manera que tienen el procurador y la PGJE de informar- que la jueza de control Norma Angélica Hernández Granados había decido la tarde del viernes vincular a proceso a Antonio. La audiencia se había prolongado varias horas, cosa que para Zamarripa resultó demasiado y de ese modo reveló que tenía información privilegiada a pesar de que la sesión judicial en San Miguel de Allende se desarrollaba a puerta cerrada. Impaciencia irresistible que evidenció lo sabido sobre el estado en que se encuentra la división de poderes en Guanajuato. Ya no importó, como lo reportó El Heraldo de León, que se mandara borrar el mensaje tuitero quince minutos después de publicado.
Ninguna de las posturas asumidas por el procurador, lamentablemente, responde a lo dicho por Juana Luna, que en medio de su enorme tristeza ha tenido la valentía de relatar a los medios el terror que vivió la madrugada del 14 de enero. Lo que hizo Antonio fue tratar de defender a sus hijos y a ella misma con disparos a una escalera ante la agresión que venía del exterior, para luego ser sometidos, ella y él, por los policías. Entonces a su esposo lo desarmaron, para después, ambos de espaldas, escuchar disparos y la orden a Antonio de que retomara el arma. A Juana no le permitieron hacer la llamada telefónica a que tenía derecho, como tampoco se le asignó abogado y menos declaró que Antonio asesinó a sus hijos o que intentó matarla.
Este asunto debería poner a discusión lo peligroso que resultan las políticas en materia de seguridad impuestas al país por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón y copiadas al pie de la letra por el gobierno de Miguel Márquez. En el supuesto afán de hacer valer la ley, las fuerzas de seguridad lo mismo sostienen enfrentamientos armados contra delincuentes que cometen excesos contra ciudadanos comunes, realizan detenciones arbitrarias, fabrican culpables, torturan y desaparecen personas. Y la violencia no disminuye, como ya desde hace tiempo ocurre en Guanajuato, con muertos todos los días en alguno de los 46 municipios.
Aparte de los ciudadanos que han protestado en las calles indignados por las sobradas sospechas de que estamos ante un exceso policial, habría que ver si hay alguna autoridad estatal que hable de derechos humanos, del debido proceso, de la separación de poderes. ¿Habrá quien explique por qué la PGJE tardó nueve horas en poner a disposición del Ministerio Público a Antonio? ¿De la tortura a que fue sometido, según su primer abogado? Ante lo visto hasta ahora cabe preguntarse si lo que se pretende no es construir un proceso legal que conduzca a la impunidad y sentenciar a un inocente. Todo, ante un procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, que donde más habla es a través de boletines de prensa y no luce capaz de presentarse ante los medios para plantear una postura firme y contundente para que se respeten las garantías del acusado y de la madre, y se les haga justicia a los niños fallecidos, pero que sí tiene espacio en su agenda para reunirse con quien lo puso en el cargo, su jefe Miguel Márquez.
Puede suponerse que el gobernador sabe bien a bien lo delicado del caso y por eso ha decidido esconderse. Nos ha acostumbrado tanto a emitir declaraciones tan poco reflexivas o escasas de seriedad, incluso cargadas de autoritarismo y de desprecio a los derechos humanos (como aquellas de que es mejor darles unas nalgadas a los niños para que se porten bien o que la ola de asesinatos en el estado se deben a una cuestión cultural), que guardar silencio podría parecer un acto de prudencia. De cualquier modo, ante la tragedia que nos afrenta a todos, tendrá que decidir si mantiene su decisión de proteger a toda costa al procurador Carlos Zamarripa o emprende acciones concretas para respetar la división de poderes y garantizar que se haga justicia. Es pocas palabras, opta por la aplicación de la ley o por la impunidad.
Foto de portada: Hilda Ríos / Cuartoscuro.
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