Modelo extractivo y neoliberal, detrás de la crisis del agua: ONG’s de Guanajuato

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Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / Domingo 5 de noviembre de 2017

 

La crisis del agua es reflejo de la forma en que vivimos, cuya explicación apunta hacia nuestra forma de democracia, donde subyace una de las causas principales: la relación entre capital y poder político que ha prosperado al amparo del modelo neoliberal. Ejemplos de ello son la construcción de la presa El Zapotillo en Jalisco y la contaminación del agua en la Cuenca de la Independencia, que se extiende a lo largo de siete municipios de Guanajuato donde viven más de 600 mil personas.

Así lo señalaron cerca de un decena de organizaciones sociales que se reunieron este fin de semana en las Segundas Jornadas de Acción Colectiva, organización civil que ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que el modelo neoliberal, además, describe el debilitamiento de la voluntad y capacidad de las instituciones para responder con políticas integrales a las crecientes exigencias de la sociedad «que reivindica mejores condiciones para su entorno y más decencia en el comportamiento de nuestras autoridades políticas».

En ese marco, la Hermandad de la Cuenca, colectivo de organizaciones de la sociedad civil del norte y noreste de Guanajuato, lanzó la campaña Que se Sepa que la Cuenca se Seca con la que se busca informar y formar conciencia entre los habitantes de la Cuenca de la Independencia en torno al problema de la contaminación del agua por flúor, arsénico y radiactivicad, según estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A esta campaña se sumaron las organizaciones civiles de Jalisco que el martes pasado pusieron en marcha la iniciativa #NiUnPesoMásAlZapotillo, una invitación a las y los ciudadanos del país a enviar mensajes a legisladores federales, a través de la plataforma Change.org, con el fin de persuadirlos de no autorizar mil 530 millones del presupuesto federal de 2018 para la terminar la construcción del embalse y el Acueducto Zapotillo-León. A ésta última obra renunció en agosto la empresa española Abengoa por problemas financieros y pese a ello pretende una nueva indemnización, que de otorgársele recibiría cuatro mil 306 millones de pesos sin haber traído una sola gota de agua a esta ciudad guanajuatense.

Geovanna Dávalos, de Acción Colectiva, e Imelda Hernández González, de la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano (OCLDVAS), dos de las organizaciones que integran la Hermandad de la Cuenca, explicaron que la campaña Que se Sepa que la Cuenca se Seca surge del hecho de que el problema de la contaminación del agua en la cuenca permanece invisibilizado entre los habitantes del norte y noreste de Guanajuato, y no se asumen como afectados.

«Lo que creímos pertinente es hacer esta campaña de información para dar a conocer la problemática y explicar puntualmente cómo les afecta a cada uno de los ciudadanos de los centros urbanos, porque se tiene la creencia de que el problema está en las comunidades campesinas e indígenas», dijo Geovanna Dávalos.

Justamente se tiene esa idea porque las autoridades han dado un discurso de que la cuenca está dividida administrativamente. Es decir, que esas divisiones del acuífero desconectan lo que pasa en Doctor Mora y lo que pasa en San Luis de la Paz, en San José Iturbide o San Miguel de Allende.

Entonces esa es la intención de la campaña. Primero informar que es una sola cuenca y que en ese sentido están unidos, que lo que pasa en Doctor Mora afecta a los otros seis municipios, y viceversa. Que la gente empiece a ver el problema y «que haga clic» entre las afectaciones que ya tienen y la problemática de la cuenca. Habrá mucha gente que diga «sí, los frijoles saben a cloro», pero aún no saben por qué. Es retomar todas las quejas que se tienen en las ciudades e informar que se debe a una problemática.

Imelda Hernández comenta que los expertos explican que las enfermedades se dan básicamente por tres causas: el estado en que se encuentra el medio ambiente, en un 15 por ciento; la genética, en 35 por ciento, y el restante 50 por ciento por el estilo de vida de las personas.

Por ello la campaña, para la cual las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca producirán materiales, gráficos, visuales, digitales y organizarán eventos para todos los centros urbanos de los siete municipios de la cuenca, «que van desde conferencias de prensa, talleres, marchas, posicionamientos, obras de teatro y festivales de música, entre otras actividades más».

Esta iniciativa durará hasta mediados de 2018, añade Imelda Hernández, para que a partir de entonces evolucione de acuerdo con las reivindicaciones de la población, pues a medida de que la gente tenga más información van a surgir inquietudes y habrá que canalizarlas.

¿Y los derechos humanos?

En la conferencia de prensa de las Segundas Jornadas de Acción Colectiva (la primera edición se llevó a cabo en noviembre de 2016), Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, dio cuenta del informe que 94 organizaciones civiles entregaron en mayo pasado al Relator Especial de la ONU sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Léo Heller, en el que explican las distintas formas en que el Estado mexicano viola los derechos humanos en esta materia en todo el país.

Se trata de un documento que explica el contexto nacional de disponibilidad y cobertura de agua potable y saneamiento, los modelos y políticas públicas para la gestión del servicio, los impactos de la reforma energética en esos derechos, «los obstáculos para la justiciabilidad», los impactos diferenciados de esas violaciones en cuanto al género y la criminalización de personas, comunidades y organizaciones que los defienden. Con énfasis en los procesos de privatización  y extractivismo en favor de megaproyectos y grandes corporaciones, y las violaciones a los derechos humanos que generan.

En ese contexto, explicó que en la versión oficial de la crisis del agua en Guanajuat0 el agua es considerada como un «recurso natural» y un «insumo» para estimular el funcionamiento de las economías. Pero «se echa de menos una aproximación que dé cuenta de la otra realidad, la de las violaciones a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por el modelo de desarrollo, la de los daños y agravios al medio ambiente y a los bienes comunes naturales».

Un cuadro razonable del agua como ‘recurso’ para los procesos de producción indicaría que, luego de su extracción, ésta debe ser transportada hacia donde debe ser consumida y/o utilizada nuevamente como insumo para la producción de otros bienes o servicios, y así sucesivamente sin cesar, desde su origen hasta su disposición final, sea depurada o no.

Añadió que lo que no suele tenerse en cuenta en este proceso ni tampoco en la versión oficial de la crisis, es que el agua está siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable. El aumento de extracción del agua para generar más producción de bienes o servicios, y ganar más dinero, depende en absoluto de en dónde y cuándo se toma. Por ejemplo, en una zona donde el agua es abundante es poco probable que tenga un efecto adverso. Pero en una región como el Bajío, que experimenta escasez, está dando lugar a daños a la salud, a la desecación de ríos, a la destrucción de hábitats y medios de subsistencia, a la extinción de especies, inundación de territorios por presas de almacenamiento y conflictos sociales.

«Imaginemos ahora el impacto de este circuito debido a los procesos de producción de la industria agrícola, automotriz, curtidora o turística propios de nuestra región. Por eso queremos insistir en que la crisis del agua en Guanajuato es, a la vez, reflejo y producto de algo más amplio, y su explicación parece apuntar a la forma en que vivimos, hacia nuestros patrones culturales, hacia cómo se aplican nuestra ciencia y tecnología, y también desde luego hacia cómo, quién y qué se tiene en cuenta en el proceso de toma de decisiones, es decir, hacia nuestro modelo de democracia.

«En efecto, en Guanajuato, una causa principal subyace a la crisis del agua: la relación entre capital y poder político. Esta relación, que ha prosperado al amparo del modelo neoliberal que en este momento entendemos como la promoción y protección de las instituciones del Estado de la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital, explicaría el debilitamiento tanto de la voluntad como de la capacidad de las autoridades e instituciones de responder, a través del diseño e implementación de políticas complejas, integrales y multidimensionales, que tengan en cuenta al mismo tiempo las implicaciones sociales, ambientales y económicas, y la creciente exigencia de la sociedad que reivindica mejores condiciones para su entorno y más decencia en el comportamiento de nuestras autoridades políticas». Ejemplo de todo ello es lo que sucede en León, adonde se quiere traer agua de El Zapotillo, y la contaminación del agua en la Cuenca de la Independencia.

Un engaño

Garbiel Espinoza, del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, comentó a su vez que hay un paralelismo entre lo que ocurre en Guadalajara y San Luis de la Paz, ciudades donde la contaminación del agua es un problema similar.

En cuanto a la escasez en León y Jalisco «hay un engaño» de Sapal, de la Comisión del Agua de Jalisco y la Conagua, «que han hecho equipo con empresarios» y trabajan con empresas como Abengoa. Dijeron «que en León se están muriendo de sed» y, como si se tratara de un beneficio, que con la construcción de la presa El Zapotillo los habitantes de las comunidades aledañas se convertirán en pescadores y van a tener un comité de pesca. Pero los pueblos tienen una historia de muchos años y sus habitantes no quieren irse, además de que hay procesos legales en curso que lo impiden.

En ese sentido, a pregunta de la prensa, dijo que las campañas que se han realizado y la que iniciaron ahora con el hashtag #NiUnPesoMásAlZapotillo tienen la intención de dar los primeros pasos para entablar demandas contra quienes han violado los derechos de las comunidades. Por ejemplo, de quienes supuestamente han sido reubicados y a los que entregaron casas sin terminar, y la falta de información sobre el proyecto, que la Conagua la tiene reservada.

Juan Carlos Zesati, de la Hermandad de la Cuenca, sostuvo a su vez que también en Guanajuato se tiene reservada la información respecto de los daños a la salud causados por la contaminación del agua, pese a que en el Palacio Legislativo de San Lázaro las y los diputados federales «saben que Dolores Hidalgo es uno de los municipios del país con más casos de enfermedades renales» por ese motivo.

A ello se suma la criminalización de las personas, de acuerdo con Javier Sentíes de Acción Colectiva, quien dio cuenta del caso de una maestra de la escuela de San Luis de la Paz donde estudiaban los tres infantes que murieron a causa de leucemia por consumo de agua contaminada.

Relató que la profesora acudió a la Secretaría de Educación de Guanajuato y a la Secretaría de Salud del estado para informar de lo ocurrido y buscar ayuda. Pero lo que obtuvo como respuesta del gobierno guanajuatense fue una campaña de desprestigio en su contra y la entrega de cobijas y despensas entre la población, acciones acompañadas de discursos que con descalificaciones negaban que el agua esté contaminada y cause enfermedades, pese a que cada vez más personas en la región presente dientes amarillos, padezca enfermedades renales y diversos tipos de cáncer.

Ante ese escenario, María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, anunció que las organizaciones de Jalisco que impulsan la campaña #NiUnPesoMásAlZapotillo se sumarán a la campaña Que se Sepa que la Cuenca se Seca.

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Fotos: Agustín Galo Samario / SomosMass99.