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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 15 de noviembre de 2017
- En 2015, la CIDH concluyó que las mujeres fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos
En audiencias a celebrarse este jueves y viernes en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recibirá los testimonios de cinco de las once mujeres sobrevivientes de tortura sexual a manos de las fuerzas de seguridad en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006, cuando el gobernador de esa entidad era Enrique Peña Nieto y presidente Vicente Fox Quesada.
Tras los operativos policiales de aquella fecha, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron haber sido agredidas sexualmente, tanto al momento de la detención como en su traslado al penal y a su llegada a éste. Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales arbitrarios por ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra se mantuvieron impunes.
Los operativos de entonces, en que participaron elementos estatales y federales, fueron ordenados por Enrique Peña Nieto. Así lo dijo él mismo seis años después de los hechos, el 12 de mayo de 2012, al presentarse como candidato presidencial en la Universidad Iberoamericana en esta Ciudad de México.
Fue «una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como, además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación», declaró Peña Nieto ante decenas de estudiantes que empezaron a gritarle ¡fuera! ¡fuera!, hasta correrlo del auditorio y del campus universitario.
En las sesiones que inician mañana jueves, la CoIDH escuchará los testimonios orales de Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes estarán acompañadas por el resto de las mujeres, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro Prodh), que ha acompañado el caso desde los primeros años.
Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia.
Producto de la falta de una respuesta adecuada para reparar las violaciones de sus derechos, particularmente la falta de investigación y sanción de todos los responsables por los graves hechos, las mujeres iniciaron su proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2011 declaró admisible el caso.
En octubre de 2015, la CIDH aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el que resolvió a favor de las peticionarias al declarar que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, falta de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos.
La Comisión, añadió el Centro Prodh, recomendó al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable; identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares.
En respuesta al incumplimiento integral y sustantivo de las recomendaciones por parte del Estado mexicano, el órgano decidió enviar el caso ante el máximo tribunal interamericano nueve meses después.
Durante la audiencia pública ante la Corte, las mujeres y sus representantes -el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Prodh- aportarán testimonios y argumentos para demostrar las diversas violaciones a los derechos humanos que ellas sufrieron. A la vez, una experta independiente y representantes del Estado mexicano presentarán, respectivamente, análisis y antecedentes que serán analizados luego por la Corte Interamericana para determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
El Centro Prodh consideró que para las mujeres ésta es una oportunidad única para que finalmente sean escuchadas y, particularmente, para que la CoIDH ordene al Estado mexciano medidas concretas dirigidas a realizar una investigación exhaustiva de todos hechos y responsables del caso. «Esto servirá, además, para romper con el ciclo de impunidad que permite la persistencia de la tortura en México, en particular de la tortura sexual a mujeres, una práctica ampliamente cometida pero casi nunca sancionada». Además, contribuirá a revisar los controles que existen en nuestro país respecto de la actuación de las policías en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza.
Fotos de portada e interiores: Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez.
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