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Berenice Chavarría Tenorio / Cimacnoticias*
Ciudad de México / Lunes 26 de junio de 2023
Las mujeres triquis existen y resisten, en medio de violencias, huelgas de hambre y el reciente asesinato de dos activistas de su comunidad: Gertrudis Cruz de Jesús y Gliserina Cruz Merino.
De una comunidad indígena ubicada en la zona noroeste del estado de Oaxaca forman parte las mujeres triquis. Este territorio ha sido testigo de violencia y desplazamientos, convirtiendo a las mujeres en “pilares fundamentales de la resistencia de las familias”, asegura la profesora mexicana Natalia De Marinis en su libro “Desplazadas por la guerra. Estado, género y violencia en la región triqui”.
Ellas generaron procesos de diálogo, resistencia, cuidado, denuncia y “politización de su experiencia de dolor”, afirma De Marinis. Es así que en la actualidad sus protestas y exigencias siguen haciendo eco en el país.
Dos activistas triqui víctimas del olvido estatal
En agosto de 2022 Gertrudis Cruz de Jesús y Gliserina Cruz Merino solicitaron apoyo y justicia luego del ataque perpetrado en su contra el pasado mes de agosto de 2022. En febrero de 2023 recordaron el hecho y a sus familiares asesinados, además exigieron la intervención del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para brindarles garantías a sus derechos humanos.
Sin embargo, Gertrudis Cruz y Glicerina Cruz, ambas activistas e integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fueron asesinadas el pasado 15 de junio cuando transitaban en el paraje denominado el hongo Yosoyuki, Copala, territorio de la comunidad triqui en Oaxaca.
En conferencia de prensa realizada el 20 de junio, el MULT exigió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara y al fiscal general de justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla, que agilicen las investigaciones en torno al caso y detengan a los responsables de este ataque.
También adelantaron que entregarán una carta al presidente y a la Secretaría de Gobernación (Segob) exigiendo dicho avance. De no tener respuestas, plantearon una caravana desde Oaxaca a la CDMX en septiembre.
Cabe recordar que este no es el primer asesinato de activistas registrado en medio de los conflictos de la región. Se trata de Beatríz Alberta (Bety) Cariño Trujillo, mujer de orígen mixteca, defensora de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas.
Bety Cariño trabajaba como coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), organización comunitaria en Oaxaca, a través de la cual apoyaba a las comunidades en temas como economía solidaria, derechos de la mujer, educación para la autonomía de los pueblos indígenas y la comunicación a través de las radios comunitarias.
El 27 de abril del 2010 Bety Cariño fue asesinada por paramilitares que atacaron la caravana humanitaria y pacífica en la que ella participaba, la cual tenía por objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos y proveer ayuda humanitaria a la comunidad Triqui de San Juan Copala, que en ese momento se encontraba ocupada por paramilitares. Al día de hoy el caso continúa en la impunidad.
Tras la ineficiencia de las autoridades la familia de Bety Cariño, junto a la del defensor de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola, quien también perdió la vida en la emboscada, decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La decisión surge a raíz de que, después del ataque donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida, las autoridades de Oaxaca no iniciaron ninguna investigación. No fue sino hasta 2014 cuando se lograron obtener 14 órdenes de aprehensión, aunque únicamente siete de ellas resultaron en detenciones de los presuntos culpables.
Uno de los culpables era un menor de edad, quien pasó dos años en prisión y después fue liberado. Seis personas más fueron absueltas por el Poder Judicial de Oaxaca debido a que los testigos y los sobrevivientes al atentado no se presentaron a declarar. Los últimos implicados fueron liberados el 7 de septiembre de 2022.
Grupos paramilitares y cacicazgos rompieron a la comunidad triqui
Desde 1990 el pueblo triqui ha enfrentado cambios que dieron origen a la creación de organizaciones políticas frente a la represión y despojos por parte de grupos paramilitares y los cacicazgos.
Sin embargo, las confrontaciones provocaron ataques y un sin fin de violencias contra toda la comunidad. Esto provocó olas de desplazamiento, desestabilización, violaciones a derechos humanos y la búsqueda de un futuro mejor.
De estos procesos formaron parte activa las mujeres. “Los líderes por el municipio autónomo les pedían a las mujeres resistir, quedarse en las plazas públicas y en la comunidad, a pesar del ataque de los paramilitares y del maltrato e indiferencia de las autoridades del estado”.
Hoy en día esta comunidad continúa enfrentando diversas dificultades, entre las que destacan los “conflictos de cacicazgo regional; desplazamientos que producen los conflictos, mismos que obligan a las personas a vivir en lugares a los que se tienen que adaptar”.
También enfrentan el abandono del gobierno, acusa la Casa Cultural De La Nación Triqui, que en 2013 dio a conocer que 30 años de conflictos políticos y sociales le han arrebatado la vida a, al menos, 800 mujeres, hombres, niñas y niños.
La resistencia y la represión
En diversos momentos la comunidad triqui ha expresado sus exigencias e inconformidades, sin embargo, la respuesta que ha recibido por parte las autoridades ha sido violencia y represión.
Tal es el caso del campamento de personas integrantes de esta comunidad que se instaló en la Ciudad de México y permaneció por 15 meses frente al Palacio de Bellas Artes. En abril de 2022 se realizó un operativo para “reubicarlos”, aseguró el gobierno capitalino.
Las personas, entre las que se encontraban mujeres, niñas, niños y adolescentes, fueron llevadas a un albergue localizado en la colonia Valle Gómez, delegación Venustiano Carranza. Sin embargo, ya en el lugar las y los integrantes de la comunidad indígena acusaron estar privados de su libertad, pues se les impedía salir del domicilio.
A estas medidas de represión se suma un hecho reciente registrado en febrero de 2023, cuando indígenas desplazados triquis de Copala, encabezados por la activista Lorena Merino Martínez, iniciaron una protesta con una huelga de hambre ante el Palacio de Gobierno de Oaxaca, ello debido a la falta de respuesta a sus exigencias por parte del gobernador de la entidad después de ser desalojados en diciembre de 2022 de un plantón que mantenían en el Zócalo.
En ese momento el gobierno se comprometió a reubicarlas y a buscar un espacio para que las mujeres triquis desplazadas por la violencia pudieran trabajar vendiendo artesanías.
Pero en lugar de brindar una respuesta, la activista Lorena Merino Martínez fue detenida y el Palacio Municipal desalojado, por medio de un fuerte operativo policial, como si de peligrosos delincuentes se tratara.
De esta forma, mientras las autoridades muestran el rostro de la represión, la comunidad continúa resistiendo en medio de violencias y diversas acciones que lejos de proteger sus derechos humanos, los vulneran aún más.
* Cimacnoticias es una agencia multimedia especializada en periodismo con Perspectiva de Género.
Fotos de portada e interiores: César Martínez López / Cimacnoticias.
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