Y cuántas más…
Agustín Galo Samario
Apenas en junio pasado, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo con toda razón que el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral es una manifestación del abuso del poder y de la cultura machista y misógina.
El funcionario federal ofreció una conferencia a los asistentes al seminario internacional Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres a 20 años de la Convención de Belém do Pará, donde se pronunció –si bien ya se penalizan en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- por sancionar los casos concretos de estas prácticas, para desnaturalizarlas y porque la impunidad en la inmensa mayoría de los casos ha sido el caldo de cultivo para tolerar y perpetuar esta forma de violencia contra las mujeres, asumida por muchos hombres como comportamientos normales.
De acuerdo informaciones difundidas en distintos momentos por el Instituto Nacional de las Mujeres en el sexenio anterior, en dos de cada 10 casos de acoso sexual que ocurren en el país, las persona que cometieron el acto son despedidas, pero, a la vez, de cada diez trabajadoras que sufren estas agresiones, seis deciden renunciar a su empleo antes que denunciar al victimario, las más de las veces su jefe inmediato o patrón.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia data se promulgó en febrero de 2007, mientras que las figuras de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral se incluyeron apenas en las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012, lo que quizá para algunos quiere decir que se trata de normas poco conocidas y que, por tanto, es natural que las mujeres agredidas no presenten su denuncia. Bueno, eso si se quiere ser comprensivos o complacientes con una realidad que no para de dejar víctimas.
Es el caso de Laura, una mujer de 32 años que a partir de su divorcio empezó a ser hostigada por su jefe inmediato en la empresa de autobuses ETN. Sucedió tal cual lo resumen organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y aun el Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual del Instituto Nacional de las Mujeres, dirigido a concientizar a los servidores públicos: Gonzalo Mendoza Ríos, gerente de ventas, le hizo ofreció iniciar relaciones a cambio de permisos y ascensos. Cuando la joven lo rechazó, fue ignorada por los directivos de ETN y terminó por perder el empleo, lo que la llevó a denunciar los hechos ante le Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y la Comisión Nacional contra la Discriminación, donde tampoco fue atendida. Entonces, víctima en la empresa donde laboraba y revictimizada por las instituciones que minimizaron sus quejas y aun le advirtieron que se metería en más problemas.
Las autoridades han retomado el caso únicamente por la difusión que le ha dado la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). Es decir, debió salir de la invisibilidad para que Laura pueda albergar alguna esperanza de que se le haga justicia.
Estamos ante un problema que se multiplica a lo largo y ancho del país. Ya hemos visto estas agresiones años atrás en ciudades guanajuatenses, en Celaya o Guanajuato capital, perpetradas por funcionarios públicos . ¿Ya no ocurren más? ¿Y en las empresas del estado no suceden casos similares? No hay razón para creerlo. Por eso es importante que las mujeres agredidas presenten sus denuncias y se hagan acompañar por los defensores de derechos humanos. Este tipo de violencia no debe quedar impune. Aquí ni en ningún otro lugar.
0 Comentario