Contra los periodistas
Agustín Galo Samario
El ataque que sufrió el jueves Karla Janeth Silva Guerrero, corresponsal de El Heraldo de León en Silao, ha concitado la solidaridad casi unánime del gremio periodístico del estado y, a la vez, la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas en México y en el extranjero. Sin ponerse de acuerdo, las exigencias a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) son simples: justicia para la periodista y detener a los responsables materiales e intelectuales de las agresiones.
La PGJE se ha caracterizado por su forma de publicitar ampliamente sus logros o lo que considera que lo son, aunque pocas veces se conozca si las personas que presume haber detenido gracias a sus avanzados métodos de investigación y profesionalismo son efectivamente sentenciados como culpables por los jueces. Así ocurrió, por citar un ejemplo, con el asesinato del joven priista Roberto Tonatiuh Hernández Rangel.
En caso de Karla Silva, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre está obligado a dar resultados efectivos, contundentes y sin asomo de duda. Por lo pronto, ya tiene una pista seria por dónde iniciar sus investigaciones: el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, también de extracción priista. La reportera informó a varios medios de comunicación, como también lo hizo su jefe en El Heraldo, Carlos Martínez Vertti, que el funcionario la bloqueó informativamente y aun le formuló varias advertencias por las críticas a su administración en temas de transparencia, inseguridad y ejercicio de los recursos públicos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los periodistas en lo particular han recopilado información en los últimos años que demuestran que los servidores públicos son los responsables de la mayoría de los ataques a los periodistas y medios de comunicación. Esos informes, además, han corroborado el alto grado de impunidad que impera en el país respecto de los atentados contra la libertad de expresión y de los derechos de los periodistas a informar.
En otras entidades e incluso en Guanajuato, aunque por razones distintas, se ha hecho común entre los reporteros la frase de que una cosa es hacer la nota y otra ser la nota. Por lo pronto, los periodistas se organizan para no permitir que las agresiones contra Karla Silva se conviertan en un problema invisible. Y porque, en realidad, el ataque a la periodista es contra todo el gremio y contra el derecho de los ciudadanos a ser informados, como lo establece nuestra constitución.
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