Para que no nos pase
Agustín Galo Samario
Entre los datos que difunden las autoridades de todos los niveles y la realidad que viven a diario los ciudadanos en Guanajuato y el país no sólo hay contrastes palpables, sino evidencias que generan dudas y preocupaciones cada vez más extendidas respecto de las políticas nacionales y estatales para enfrentar a la delincuencia organizada.
La semana pasada, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció en el Senado de la República en el contexto de la glosa del segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí el funcionario afirmó que “todos los indicadores presentaron una reducción importante de los delitos que más afectan a la sociedad”, pues gracias a la labor que realizan todas las entidades del país, por ejemplo, se ha logrado capturar a 84 de los 122 “objetivos relevantes” de la delincuencia organizada, 71 de los cuales hoy son juzgados en tribunales.
De ahí pasó a reprochar que, mientras el gobierno federal no pretende maquillar cifras, organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Examen Periódico Universal de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional intenten “ser poseedores de la información y de la verdad”.
Llama la atención el posicionamiento del responsable de la política interior del país, porque hoy se puede decir con casi total certeza que no hay estado de la República que no resienta los embates de los delincuentes más organizados. Es verdad que el fenómeno se abate con toda su crueldad en no más de diez entidades, pero baste con mirar a León donde la saña de los criminales han hecho de ese municipio uno de sus objetivos principales de Guanajuato sin que parezca haber medidas efectivas para contenerlos, ni Programa Escudo ni operativos conjuntos de agentes federales, estatales y municipales como Puerta Segura.
Lo que sí hace aumentar la sospecha de que algo se quiere ocultar es la política de no difundir abiertamente cifras de víctimas de la delincuencia, sean muertos, desaparecidos o secuestrados. Todo lo cual se agrava con la difusión de supuestos logros u organización de eventos en los que personajes de otros países se presentan, también, como ejemplos palpables de que el único camino para acabar con los criminales es la intensificación de la “guerra contra las drogas”, a la manera del ya poco bien recordado Felipe Calderón.
Así nos hemos encontrado con visitas a nuestro país de supuestos expertos como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y Antanas Mockus Sivickas, ex alcalde de Bogotá en los tiempos del primero, que se presentan como ejemplos vivos del éxito de la lucha contra el narcotráfico en su país. Así sucedió en mayo de 2013 durante la reunión nacional de municipios celebrada en León, donde vinieron a dar cátedra. Pero la situación por la que atraviesa Colombia, donde no acaba la guerra, queda evidenciada con lo que sucede en Medellín y que nos cuenta nuestro amigo Juan Camilo Lamos en su artículo de hoy. Esa ciudad se ha convertido a la fecha prácticamente en la sede nacional del turismo para quienes buscan drogas y servicios sexuales, todo difundido a través de páginas de internet vedadas para los ojos de los colombianos.
En México, curiosamente, empieza a pasar lo mismo que en el país sudamericano: se pretende ya no hablar en público de la cruda violencia de los delincuentes organizados y de que el negocio de las drogas sigue vigente, aunque en las calles de nuestras ciudades y pueblos todo el mundo lo sepa. Deberíamos aprender de la experiencia colombiana para que a nosotros no nos pase. Ya tenemos suficiente.
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