Tímidos legisladores
Agustín Galo Samario
Las agresiones hace más dos semanas contra Karla Janeth Silva Guerrero no sólo constituyen un ataque contra la integridad física de la periodista y contra el derecho a la libertad de expresión, sino contra el Estado de derecho y el desarrollo democrático en Guanajuato. Cualquier interesado en estos temas lo entenderá así, pero no buena parte de nuestros políticos y funcionarios.
El punto de acuerdo elaborado este jueves por diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la que tienen representación todos los partidos en el Congreso del Estado, nos muestra hasta qué punto funciona la maquinaria institucional que, en el discurso, está diseñada para mejorar la vida y garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque se trata de un pronunciamiento sin ningún efecto, que se limita a condenar los hechos y a exhortar a las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado a no dejar impune el atentado y a detener a la brevedad a todos los responsables.
Porque además de que sólo podrá ser aprobado hasta el día 25, cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, los legisladores no van al fondo del problema. Si bien “reiteran que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución”, nadie hace referencia a que el juez de oralidad Jesús Delgado Ojeda solamente ha vinculado a proceso a los dos únicos presuntos responsables detenidos por los delitos de lesiones calificadas, robo calificado y amenazas.
Todo ello en base en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que hace una semana dio por esclarecido el caso a pesar de no haber aprehendido a los otros dos presuntos responsables de las agresiones contra Karla Janeth. Tampoco nadie parece tener en cuenta que el jefe directo de los acusados es el alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, del que hasta la fecha no se sabe si ya fue llamado a declarar como lo aseguró el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
Para más inri, tampoco hay quien haga notar lo dicho por la directora general Jurídica de la PGJE en la más reciente reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, donde se empezó a analizar la posible inclusión en el Código Penal del delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Bernardina Durán Isaís dijo que a nivel federal ya existe una legislación al respecto, en la que se establece la vinculación entre autoridades para su aplicación y que, por lo mismo, desde 2009 ya “se trabaja de forma coordinada para este fin”. Es decir, para la Procuraduría de Justicia no hace falta ninguna reforma.
¿Habrá que darle vueltas al asunto? Porque pareciera que la intención es que la agresión contra una periodista por hacer su trabajo, lo que constituye una ataque contra el ejercicio periodístico y un atentado contra la libertad de expresión, sea juzgado solamente como se hace con delitos comunes y corrientes, como lo son el robo calificado y los golpes que causan lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
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