Un espejo
Agustín Galo Samario
Hay quienes dicen que, aún infiltrada la marcha ciudadana del sábado en León por personas ligadas al PRI y al PAN, ese día quedó de manifiesto que hay inconformidades masivas contra el gobierno municipal de Bárbara Botello Santibáñez, y contra la administración estatal que encabeza Miguel Márquez Márquez. Quizá no les falta razón. Se trata de los dos funcionarios a los que, junto con el presidente, cientos, acaso miles de personas les pidieron su renuncia por haber fallado en el combate a la inseguridad.
No se puede negar que cada vez se extienden más protestas ciudadanas por la ineficacia de las autoridades estatales y municipales por la falta de seguridad. Sin embargo, las manifestaciones de las semanas recientes son parte de un fenómeno más complejo y que tiene que ver con la forma en que por años se han conducido muchísimos funcionarios y políticos de todos los niveles. Es un hartazgo generalizado de cientos de miles de personas contra una clase política que ha dejado pasar la corrupción o que ha participado de ella para alcanzar cargos públicos, beneficiarse de la hacienda pública y aun involucrarse con el crimen organizado.
Lo que hoy se ve en las calles, con el caso Ayotzinapa como catalizador de las inconformidades ciudadanas, es también la consecuencia de la aplicación de políticas públicas en todos los órdenes que no han beneficiado a la población, sino principalmente a los servidores públicos de más alto nivel, los partidos políticos y a los grandes empresarios.
Si somos capaces de observar con un poco de detenimiento, nos podremos dar cuenta que la prolongación de la crisis económica, la siempre insuficiente creación de fuentes de empleos, el incremento de la pobreza, la falta de justicia y la descomposición institucional se han combinado con cierto tipo de actitudes que sólo hablan del desprecio de nuestros gobernantes hacia la ciudadanía. Podemos imaginar qué dicen los familiares de los desaparecidos guanajuatenses cuando escuchan al gobernador Miguel Márquez decir que los ausentes no son tales, sino personas que se fueron con la novia. O cuando la alcaldesa Bárbara Botello hace como que todo va bien pese a la creciente inseguridad que deja muertos y a decisiones que molestan a los ciudadanos, como la de derribar árboles en el centro histórico de León. O la indiferencia del presidente municipal de Irapuato, Sixto Zetina Soto, cuando el ex funcionario Leobardo Magaña Ahedo es asesinado en un hospital de su ciudad. O cuando todo mundo ve cómo el procurador general de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, se hace bolas con las investigaciones para esclarecer la muerte del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Jesús Esparza Villegas.
Los ciudadanos parecen estar por llegar a un punto límite. A nuestros políticos tal vez les diga algo que en la manifestación del sábado en León no haya habido porras a ningún funcionario. Sino que la escaramuza entre manifestantes fue por ver quién denunciaba con más fuerza y contundencia al gobernante con menos cualidades, Miguel Márquez o Bárbara Botello. Un espejo al que se deberían asomar, pero sobre todo que los debería obligar a dar respuestas a los guanajuatenses.
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