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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 7 de septiembre de 2016
- «Funcionarios de alto nivel del gobierno y las y los CEO tienen que dejar claro que los ataques contra defensores de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados”, dicen los expertos de la ONU
Las principales preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos vinculadas a la empresa están relacionadas con un ejercicio inadecuado de debida diligencia por parte del gobierno y las empresas en el diseño e implementación de proyectos a gran escala, principalmente en los sectores de minería, energía, construcción y turismo que afectan a menudo a las comunidades indígenas, declaró hoy el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos al concluir su visita de diez días a México.
- Dante Pesce, miembro del Grupo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, presentó un informe sobre las condiciones laborales y derechos humanos en nuestro país. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro
Esa es una de las conclusiones preliminares a las que llegó el grupo, de acuerdo a la información que obtuvo durante su visita a la Ciudad de México, los estados de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora, donde se reunieron con funcionarios federales y de esas cuatro entidades, además de diputados y senadores; representantes de las comisiones de Derechos Humanos de Oaxaca, Jalisco, Sonora y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; representantes de la Bolsa Mexicana de Valores y de cámaras nacionales de comercio; de las empresas paraestatales Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y las privadas Grupo Bal, Grupo Bimbo, Eólica del Sur, CEMEX, Grupo México, Goldcorp y Transcanada, a excepción del Grupo Higa, que a pesar de estar invitado no asistió a ninguna sesión.
De los casos que conoció el grupo de expertos fue el proyecto de construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que atraviesa la población de Xochicuautla y que fue concesionada a la empresa Eurovan, del Grupo Higa. Al respecto, la declaratoria de los expertos dice: «Tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad indígena Otomí-Mexica en San Francisco Xochicuautla, Estado de México, cuyos miembros se han estado oponiendo a una orden de expropiación que fue emitida en octubre de 2012 sin ninguna consulta previa. La comunidad se ha visto involucrada en un litigio sostenido con las autoridades del Estado y ha obtenido una orden de amparo solicitando la suspensión de la construcción de una carretera en sus tierras ancestrales. La comunidad también ha presentado una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ambas instituciones han solicitado al Estado de México que adopte medidas preventivas para proteger a la comunidad indígena Otomí- Mexica. Sin embargo, a pesar de estas solicitudes y la orden de amparo, se ha continuado con la construcción de la carretera, con la aprobación de autoridades estatales y federales, sin cualquier esfuerzo serio de mediación y consulta. Existen varios informes de acoso e intimidación contra miembros de la comunidad que se han opuesto al proyecto».
Si bien los expertos de la ONU presentarán su informe final -que incluirá conclusiones y recomendaciones- hasta junio de 2017, desde hoy sostienen que «el gobierno y las empresas mexicanas deben escuchar a las comunidades afectadas y a los defensores de derechos humanos», y exhortan a las autoridades y al sector empresarial a aprender de los errores del pasado y garantizar la consulta adecuada con las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.
- Trabajos de la empresa Autovan,del Grupo Higa, en bosque de Xochicuautla para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. | Foto: Saúl López / Cuartoscuro
“En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas”, dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo. “Estas consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas, y cumplir con los estándares internacionales”, mencionó, enfatizando que el principio de debida diligencia constituye el núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.
“Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, dijo Dante Pesce, el otro miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.
Los expertos también subrayaron que periodistas y defensores de derechos humanos deben ser mejor protegidos. “Frente a ataques e intimidación contra personas que defienden sus derechos o los derechos de los demás, funcionarios de alto nivel del gobierno y las y los CEO tienen que dejar claro que los ataques contra defensores de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados”, dijo el Señor Sulyandziga.
Los expertos también señalaron que el proceso en curso para desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una oportunidad para traducir los compromisos políticos en acciones, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo.
- Pavel Sulyandziga, miembro del Grupo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, presentó un informe sobre las condiciones laborales y derechos humanos en nuestro país. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro
“Nos alienta el compromiso del Gobierno para mover la agenda de empresas y derechos humanos hacia adelante”, dijo el Señor Pesce.“Se requerirán mayores esfuerzos para cambiar prácticas y mentalidades y afianzar de manera más profunda una cultura de transparencia, integridad y valores democráticos. El Gobierno debe dar ejemplo”.
El Grupo de Trabajo tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de las autoridades del gobierno, visitó cuatro Estados y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, tanto privadas como estatales.
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