Opacidad

SOMOSMASS99

 

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Agustín Galo Samario

 

 

A diferencia de aquellos que dicen con desparpajo que roban poquito, en Guanajuato no se conoce a político alguno que no se diga honesto, honorable, capaz y que trabaja por la democracia y el progreso de los habitantes del estado. Muy bien. Las dudas empiezan cuando se trata de rendir cuentas, tarea elemental de una democracia.

Todo el que se asomó a los medios de comunicación al inicio del sexenio pudo enterarse que Miguel Márquez se presentó como cabeza de un gobierno comprometido con la transparencia y, efectivamente, con la rendición de cuentas. Después vimos lo que ha pasado, las auditorías de la rimbombante Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas alcanzaron solamente para ajustar tuercas en mandos medios y menores de algunas dependencias. A lo más que se llegó fue a la inhabilitación por dos años del hoy candidato a diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, quien de esa forma fue sancionado por “omisión” al no someter ante el Consejo Directivo del ISSEG el otorgamiento de franquicias de farmacias. De las innumerables irregularidades cometidas durante su periodo como director general no se dijo ni una sola palabra, silencio parecido al que guardó el gobernador cuando reporteros le pidieron su opinión sobre la postulación de su compañero de partido.

En estos dos años y medio, diputados principalmente de oposición han sostenido encendidos debates sobre esos asuntos desde la tribuna del Congreso del Estado. Disputas que en la mayoría de las ocasiones no han llegado a nada y que hoy se ponen en entredicho en el Diagnóstico sobre Parlamento Abierto en México, presentado el lunes por organizaciones civiles en la capital del país.

Nuestros legisladores son, después de los de Jalisco, los segundos mejor pagados del país con 107 mil pesos al mes, es decir, la friolera de un millón 284 mil pesos al año. Como dice la nota publicada hoy en SomosMass99, esa cantidad no garantiza el cumplimiento de los requisitos indispensables para ser considerados parte de un Congreso transparente. Por ejemplo, su información presupuestal y administrativa es considerada como insatisfactoria, además de que no cumplen con legislar a favor de un gobierno abierto ni cuentan en su portal de internet con datos abiertos. Más aún, los datos sobre ellos mismos y sus posibles conflictos de interés fueron calificados como muy insatisfactorios.

¿Vivimos en un estado democrático? La respuesta está a la vista. Los políticos, con sus excepciones, han olvidado sus responsabilidades y por lo menos en los poderes Ejecutivo y Legislativo han deformado a sus instituciones. Con gran empaque nos dicen que no es por obligación sino por convencimiento que están a favor de la transparencia, cuando en realidad arremeten contra los principios básicos de la rendición de cuentas y la apertura en los órganos del Estado, hasta convertirlos en ejemplos de opacidad y ocultamiento. Lo peor de todo es que los que vienen andan en las mismas. Sólo uno de los cientos de candidatos que hoy están en campaña ha presentado sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Como para que se vea la que nos espera.

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