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Redacción / SomosMass99
Guadalajara, Jal. / Domingo 16 de octubre de 2016
- Alertan sobre un nuevo intento de aprobar la iniciativa de Ley General de Aguas de la Conagua, que «privatizaría el agua»
- Pese a invitación, oficina de la ONU de Servicios de Proyectos declinó participar
Porque está intercomunicado con cuencas vecinas, organizaciones y especialistas exigieron al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, revisar cuál es la extracción sostenible en la región en la cual tiene influencia el Río Verde; y demandaron que el estudio que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos se lleve a cabo de acuerdo al Artículo 4 constitucional, que establece que debe haber una amplia participación ciudadana y que tome en cuenta a la academia.
Las exigencias se presentaron durante el foro ¿Escasez o Abundancia?, realizado el jueves en esta ciudad, donde Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México sostuvo que en el país no existen programas académicos sobre agua subterránea y que desafortunadamente las instituciones del agua a nivel nacional y estatal carecen de personal especializado en la materia.
- Foto: María José Martínez / Cuartoscuro.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el especialista de la UNAM consideró que ese hecho evidencia la debilidad de los estudios que se realizan en el país al no considerar la interrelación entre el agua superficial y subterránea.
En el foro, especialistas independientes, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de universidades de Guadalajara y la UNAM analizaron la importancia de la realización de estudios sobre la disponibilidad del agua más allá del balance hídrico, sus metodologías y el adecuado uso de los resultados para la toma de decisiones, de las políticas y la gestión integral del agua en el estado de Jalisco.
Retomaron los resultados del estudio Evaluación de la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, realizado por el IMTA, contratado por la Comisión Estatal del Agua (CEA); y el Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del río Verde del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, que elabora la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), éste contratado por el gobierno de Jalisco.
En este sentido, los organizadores lamentaron que esa oficina de la ONU no haya aceptado participar en el foro, con lo que, sostuvieron, rechazó «conocer y dialogar de manera directa con actores en defensa del agua de Jalisco, que le aportaría insumos fundamentales para el trabajo que realiza. Reprobamos esta actuación de una de las oficinas de las Naciones Unidas, la UNOPS en este caso, debido a que de manera permanente hemos procurado dialogar con esta instancia. ¿Por qué el temor a debatir en público sobre este estudio?».
Añadieron que con la ausencia de la UNOPS sigue la incógnita de si ese estudio «generará nueva información hidrológica o se trata de un estudio más que analizará y sistematizará información y estudios ya existentes de las autoridades del agua».
- Ciudad de Guadalajara, en Jalisco. | Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.
El IMDEC, de entre las principales reflexiones y conclusiones del foro, destaca aquella en que las y los especialistas participantes reprobaron la utilización de la NOM-011-CNA-2000 en los estudios, debido a que no existen datos para alimentarlos porque se trata de una norma con bajos estándares y que no responde a la realidad del sistema al que se aplica.
Fue en ese contexto que Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía de la UNAM, «resaltó que no existen en México programas académicos sobre agua subterránea y desafortunadamente las instituciones del agua en el país carecen de personal especializado en la materia, lo que evidencia la debilidad de los estudios en Jalisco y México al no considerar la interrelación entre el agua superficial y subterránea».
La especialista María de los Ángeles Suarez, Jefa de Procesos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), reconoció a su vez que el estudio de Evaluación de la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la Zona Conurbada de Guadalajara «no es un estudio de disponibilidad para el abastecimiento del agua», sino que «este estudio es un dato comparado con lo que aquí se necesita; es sólo un estudio de escurrimientos, ustedes necesitan un estudio integral. Esto es sólo una parte de todo lo que se necesita».
Otro tema de alerta y reflexión en el foro fue el de «la nueva amenaza de aprobación de la Ley General del Agua, promovida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)», respecto de la cual Alessia Kachadourian, consultora independiente en gestión integral del agua, comentó que «actualmente está circulando un borrador de lo que podría ser la iniciativa de Ley General de Aguas que presente la Conagua en la presente LXIII Legislatura, y que no importa lo que hagamos ya que si no logramos revertir esta iniciativa, una vez que se apruebe se fortalecerán los megaproyectos, el fracking, los acueductos, la mercantilización y privatización del agua en el país».
Foto: ONU.
Los organizadores del foro buscan ampliar la comprensión y fortalecer los esfuerzos conjuntos entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y comunidades urbanas y rurales afectadas para lograr un manejo distinto del agua en Jalisco. Por ello, dijeron, demandan también al gobernador Aristóteles Sandoval que se revise públicamente, con la participación de las comunidades afectadas por los proyectos en Río Verde, que la metodología del balance hídrico que realiza la UNOPS y se reorienten y modifiquen los términos de referencia del estudio, que debe tener congruencia entre sus áreas de investigación, «que incluyan la química del agua, el referente geológico, isotopía, la hidráulica subterránea y la hidrología superficial, la respuesta en superficie de suelo y vegetación, en suma acorde con la metodología de los sistemas de flujo.
Rechazaron, a la vez, el «exorbitante» costo de 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) por la realización del estudio, pues actualmente el Instituto de geografía de la UNAM realiza estudios de la misma magnitud del orden de los 20 millones de pesos.
Las demandas son firmadas por las organizaciones civiles Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el IMDEC, Tómala Ciudad, Colectivo de Abogadxs, Agua y Ciudad, y las instituciones académicas y de investigación UNAM, Instituto Nacional de Geografía de la UNAM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad de Guadalajara.
Foto de portada: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.
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