SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 9 de febrero de 20022
Organizaciones de la sociedad civil exigieron independencia y una trayectoria sólida en la defensa de derechos humanos como requisitos indispensables para la designación de los nuevos titulares de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Quintana Roo.
Al mismo tiempo, rechazaron las postulaciones de Judith Rodríguez Villanueva y César Cervera Paniagua, precisamente, por no contar con la autonomía e independencia necesarias para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos debido a su afinidad con un partido político. Además, recordaron, Rodríguez Villanueva «incumplió acuerdos» con las víctimas de la marcha contra los feminicidios del 9 de noviembre de 2020 (9N)-en la que policías dispararon sus armas contra las y los participantes-, lo que «ha permitido que el caso continúe en impunidad».
Foto (ilustrativa): Universidad Monteávila.
Pidieron garantizar que quien llegue a la CEAVEQROO posea un perfil que respete los derechos de las víctimas, una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos y que su elección cuente con la participación de la sociedad civil, como organizaciones y colectivos que han visto vulnerados sus derechos humanos.
«Preocupa que la actual CEAVEQROO está en abierto desacato a una decisión judicial sobre el caso 9N, y que esta circunstancia se mantenga si no se elige a un perfil adecuado como persona titular de la institución. Es indispensable que los poderes públicos del estado de Quintana Roo garanticen que la persona que sustituya a actual titular de la CEAVEQROO no incurra en las mimas prácticas de revictimización y violación a los derechos humanos de las víctimas», reiteraron».
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Observatorio de Designaciones Públicas, el Comité de Víctimas del #9N y Red Posi+hiva sostuvieron en un comunicado conjunto que la causante de la impunidad no es abstracta y, por tanto, el gobierno y el Poder Legislativo de Quintana Roo «deben de asumir su compromiso de garantizar que las personas que lleguen a la titularidad de la CEAVEQROO y de la CDHQROO sean independientes y tengan una sólida trayectoria en materia de derechos humanos, para #NuncaMás permitir la impunidad».
Explicaron que solo en esa medida se construirá confianza ciudadana sobre una decisión de gran relevancia para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en Quintana Roo, y se recuperará la legitimidad de una institución esencial para establecer límites a los abusos de poder.
Bajo el hashtag #SinCuotasNiCuates, recordaron que la noche del 9N un grupo de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles de Cancún, Quintana Roo, para manifestarse contra la violencia feminicida. Durante la protesta, agentes policiacos perpetraron violaciones graves a derechos humanos en contra de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercían su derecho a manifestarse. Como consecuencia de la represión, por lo menos tres personas resultaron heridas con arma de fuego; ocho fueron detenidas arbitrariamente; dos sufrieron tortura sexual; una tortura física y 13 resultaron heridas.
«En ese contexto, y en un país con altos índices de violencia contra las mujeres, nos preocupa profundamente el hecho de que personas responsables de entorpecer u obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020, pudieran llegar a la titularidad de estos organismos clave de derechos humanos.
Judith Rodríguez Villanueva. | Foto: Congreso de Quintana Roo.
«La garantía efectiva de no repetición de acuerdo con estándares internacionales en materia de derechos humanos implica que, desde el poder público, se garantice un proceso que escuche la opinión de las víctimas, como las del 9N, y que perfiles que no sean -o no parezcan- independientes o estén relacionados directa o indirectamente con casos de violaciones graves a derechos humanos, no sean designados».
Citaron, también, los Principios de París aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993, que representan la principal fuente de estándares normativos para las instituciones nacionales de derechos humanos.
De acuerdo a dichos principios, estas instituciones requieren condiciones básicas para desempeñar sus tareas en términos de su composición y garantías de independencia y pluralidad. Establecen, además, que con el objeto de asegurar su independencia e imparcialidad, las instituciones nacionales de derechos humanos deben asegurar que en su composición estén “representadas la pluralidad de las fuerzas sociales activamente comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos”.
Foto de portada: WOLA.
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