PDHG, coludida con municipio de León: Red Alebrije

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Agustín Galo Samario / SomosMass99

León, Gto. / Jueves 4 de mayo de 2017

 

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• Ignora ombudsman detención arbitraria, agresiones y las lesiones sufridas por ambientalistas

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Gabriela Arriola Cadena, del Colectivo Alebrije, y Consuelo Hernández Espinosa fueron golpeadas y lesionadas, y la primera detenida, por elementos de seguridad pública una madrugada de finales de marzo de 2016, cuando protestaban por la tala de árboles en el bulevar Hidalgo para la ampliación del Sistema Integral de Transporte (SIT) en la ciudad . A más de un año de los hechos, y sin explicación de motivos, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) emitió tres recomendaciones al alcalde Héctor López Santillana para que inicie procedimientos administrativos contra un policía y revele los nombres de los agentes que participaron en la detención de Arriola Cadena. Además, giró tres «acuerdos de no recomendación» por el caso de las agresiones cometidas contra Hernández Espinosa.

En entrevista, Gabriela Arriola dice no estar conforme con las recomendaciones, toda vez que en reunión con el anterior procurador de Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, hoy secretario de Gobierno de Guanajuato, solicitó que la PDHG investigara quién o quiénes planearon y dieron la orden a los policías de ejecutar un operativo tan agresivo, con un uso excesivo de la fuerza.

Al cuestionarle si este tipo de recomendaciones generan confianza en los ciudadanos, ambientalistas e incluso periodistas que al menos en este trienio han sentido vulnerados sus derechos humanos, responde: «Claro que no. Definitivamente no. El procurador (actual, José Raúl Montero de Alba) está completamente coludido. Creo que la PDHG está coludida con la administración municipal, que finalmente está obedeciendo intereses particulares».

Relata que luego de su detención la madrugada del 22 de marzo del año pasado y de obtener su libertad, acudió por la mañana a la PDHG a presentar su queja. Le dijeron que no podían recibirla hasta que no acudiera al Ministerio Público a que la revisara el médico legista. De tal cuenta que también presentó su denuncia por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, pero hasta la fecha no se le ha notificado que haya avances.

La ambientalista considera que si a todo esto se le suma la criminalización de que fue víctima el 5 de enero de este año, cuando fichada por autoridades municipales apareció en el periódico AM como organizadora de las protestas contra el alza al precio del transporte, se configura un escenario que describe «el modus operandi de un Estado autoritario. A mí me parece que de forma muy fehaciente y no porque yo lo diga, sino porque así es de verdad (…) Oye, ¿pues qué está pasando? Arbitrariedad, censura, discriminación, uso excesivo de la fuerza pública contra los ciudadanos, no aceptación de críticas. Es muy preocupante, pero no es un secreto que aquí en México se está disfrazado de democracia, este sistema es una democracia sólo en disfraz porque no se permite que los ciudadanos se expresen».

Recomendaciones sin explicación de motivos

Los trabajos para derribar cientos de árboles en el bulevar Hidalgo de este municipio situado a casi 400 kilómetros de la Ciudad de México, iniciaron el domingo 20 de marzo de 2016. Pero fue la noche del 21 al 22 de marzo de 2016 que se llevaron a cabo bajo resguardo de decenas de policías. Ya en la madrugada, cuando vecinos de la zona y ambientalistas otra vez trataron de impedir la tala, se puso en marcha el operativo policial para anular la protesta. Hubo jaloneos, golpes, gritos.

Gabriela Arriola, relata ella misma, fue agredida por los agentes municipales. En un momento «todos me están jaloneando, los tengo encima de mí». Hay un video «bastante fuerte, irrefutable de que están los policías haciendo un uso excesivo de la fuerza. Además hay testigos». Al final resultó con moretones en los hombros, brazos, marcas en las muñecas al ser esposada y conducida a los separos policiacos. Pero al cabo de dos o tres horas de permanecer detenida, fue liberada sin cargos.

De la detención arbitraria, agresiones y de las lesiones nada dicen las resoluciones dictadas ahora por la PDHG. Lo único que dice el oficio PDH/165/17, dirigido al presidente municipal de León, Héctor López Santillana, es que de acuerdo a la queja 78/16-A interpuesta por Gabriela Arriola y Consuelo Hernández, y a diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Constitución general de la República y de la del Estado de Guanajuato, emite las siguientes recomendaciones:

1. (…) «que instruya el inicio del procedimiento administrativo en contra del elemento de la policía municipal Luis Alberto Álvarez Rentería, respecto de la violación del derecho a la libertad personal de la cual se doliera Gabriela Zuleica Arriola Cadena.
2. (…) «que instruya el inicio del procedimiento administrativo en contra del elemento de la policía municipal Luis Alberto Álvarez Rentería, respecto de la violación del derecho a la integridad personal de la cual se doliera Gabriela Zuleica Arriola Cadena.
3. (…) «que instruya se identifique a los elementos de policía municipal que participaron en la detención material de Gabriela Zuleica Arriola Cadena y se inicie procedimiento administrativo en contra de los mismos, lo anterior respecto la violación del derecho a la integridad personal de la cual se doliera la quejosa».

Respecto de Consuelo Hernández, la PDHG dice que, de acuerdo a las normas ya citadas, emite tres «acuerdos de no recomendación» dirigidos también al alcalde Héctor López Santillana, por la actuación de 26 funcionarios públicos respecto «de la violación del derecho a la integridad personal» y «de la violación del derecho a la dignidad humana» que reclamó la ciudadana.

Para la ambientalista es muy claro que los policías «tenían la orden de no dejarnos pasar, de sacarnos de la zona a como diera lugar. No sólo había policías, había directores y personal de diferentes dependencias, de Gestión Ambiental, de Obra Pública, etcétera. ¿Entonces cómo nada más responsabilizas a un policía? De plano es como para decir que se hizo algo. Y no podían dejar de dar una recomendación.

«Fuimos tres mujeres (agredidas) las que estábamos ese día. A Vanessa Murillo le causaron graves problemas porque tiene una enfermedad inmunológica, los golpes le dejaron dolores varios días pero no se le notaban. Así que después de ir al Ministerio Público, como no le reconocieron sus lesiones porque no eran visibles, Vanessa desistió de poner su queja».

– ¿Las recomendaciones te dan confianza, te ayuda para seguir haciendo tu trabajo?

Mmmhh… Realmente…

– ¿Te sientes protegida?

Lo que pasa es que estamos más concentrados en la propuesta que en la protesta. La protesta puede ser importante en determinado momento, pero nosotros estamos concentrados en tratar de detonar, en hacer diagnósticos en las colonias. Porque ademas es lo que nos gusta, porque sentimos que es importante para la ciudad. Vamos adonde nos invitan y a barrios donde creemos que hay algo que rescatar, identidad, un espíritu, que todavía tienen una historia colectiva. Vamos a promover los talleres de huerto, la permacultura, es lo que pensamos que puede hacer la diferencia. Yo no quisiera distraerme, quisiera dejar todo atrás. Sí te desgasta volver a hablar de lo de hace un año.

Autoridades de un Estado autoritario e impune

Cuando se le comenta que las recomendaciones de la PDHG sobre su caso remiten a otros estados del país donde los excesos de agentes de seguridad pública han llevado a gobernadores a impulsar legislaciones para regular el uso de la fuerza pública, en las que se responsabiliza únicamente a los policías rasos o al comandante inmediato a cargo del operativo -como la Ley Eruviel en el Estado de México o la Ley Bala en Puebla-, Gabriela Arriola empieza a enumerar lo que en su experiencia dibuja un Estado autoritario en Guanajuato y en León en particular.

Esto «es muestra de un Estado autoritario y de impunidad, completamente. ¿Dónde está el Estado de derecho? Las leyes también se están moldeando a intereses particulares. Estamos hablando de la administración municipal, sí, pero también de cuáles son sus motivaciones. ¿Cuántos contratos millonarios hay con el SIT? Es como un grupo muy poderoso que está dictando realmente lo que se hace.

– Aquí pareciera que para la PDHG no se requiere ni siquiera una ley, directamente señala a un policía de los excesos en el operativo y pide que se revelen los nombres de los otros agentes que participaron. Y además sólo recomienda el inicio de procedimientos administrativos, no va más allá. ¿Qué interpretación le das a eso? ¿Cómo diferenciar lo que ocurre aquí con lo que pasa en el Estado de México y en Puebla? Aquí no se legisla, pero se hace lo mismo.

Es como una forma de impunidad arraigada. Las mismas personas, también por eso, no levantan la voz en Guanajuato (…) ¿Supiste lo del escándalo de censura y a los días corrieron al director de comunicación social? Hubo una reacción, qué bueno, ¿no? Al menos algo pasó. Pero me quedé pensando, ¿y todo lo que nos dijeron a nosotros?

– De lo que me hablas es de que te golpean, te lesionan, te detienen, te investigan, te fichan, te criminalizan y luego la PDHG emite recomendaciones para que se abran procesos administrativos.

Es de risa. No quiero pensar demasiado. Porque pasaron por encima de la gente, no solamente de mí. No soy la única que puso denuncia, ni las que denunciamos fuimos las únicas, hubo gente que no puso denuncias pero que fueron amenazados. También eso pasó.

– ¿En qué consistieron esas amenazas?

Ah, bueno, eso también consta en el expediente de Derechos Humanos. Especialmente un cuate de Gestión Ambiental que luego de que me detuvieron estuvo amenazando con sembrarles armas a las personas que se quedaron. Fue el tal Cuitlahuac Rodríguez, a él también lo llamaron a declarar, él dice que no, que ni siquiera sabe a qué se refiere el término sembrar armas. Él estaba ahí en el operativo y había otros, había ahí Policía Ministerial, fue un operativo de doble cerco. O sea, estaba cerrado desde Talabarteros hasta Las Torres.

– ¿Para ti quién fue el responsable del operativo? ¿El director de la policía, el de Gestión Ambiental, el alcalde? ¿Quién?

Es difícil…

– ¿O es una política institucional en la que cada uno hace su parte?

Sí, ni siquiera tengo que imaginarme o elucubrar nada. Ricardo de la Parra Bernard lo dijo claramente en una entrevista de radio. Cuando le dijeron que había mucha actividad de personas inconformes, le preguntaron si de todos modos se iba a llevar a cabo (la tala y la obra de ampliación del SIT), y él dijo: ‘los paraderos van porque van’. Así, literalmente, no estoy inventando nada. ¿Eso qué te dice? Creo que deben tener reuniones, ¿no? Y lo hicieron justamente empezando la semana santa, porque es completamente una imposición y una arbitrariedad.

Al finalizar la entrevista, Gabriela Arriola comenta que al dimensionar todo lo ocurrido en el operativo ella y sus compañeros ambientalistas pensaron que el gobierno municipal por lo menos tendría que despedir a un funcionario de alto nivel. «Oye, Santillana, o responsabilizas a alguien de los directores que tienes aquí o renuncias tú’. Una de dos, ¿no? Porque, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Un policía? Llevamos quejas a PAOT, incluso le llevamos una carta al gobernador Miguel Márquez con un resumen de todo lo que estaba pasando, agotamos instancias. Hasta en Semarnat tenemos denuncias ambientales. Pero todo descartado, todo, todo… O sea, todo está completamente coludido. Lo que salió en medios fue lo único, como un costo político, y ellos le jugaron a que se diluyera y ya».

Con todo lo sucedido, concluye, el mensaje que se da es que si una persona tiene la «investidura del poder» entonces puede «pisotear» a los ciudadanos y pasar por encima de la democracia, de principios fundamentales de la Constitución, y en completa impunidad. «Ahorita a más de un año (…) siguen tal cual, cobrando en cargos públicos con nuestro dinero para seguirnos jodiendo. Esa es la realidad, así se ve en todos lados, y lo del transporte es igual. No solamente es lo de la tarifa sino todo lo que implica, todos los intereses que están ahí metidos, todos los que se están haciendo millonarios. Terrible».

Foto de portada: SomosMass99