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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Formalmente se le llama periodo de reflexión a días que faltan de aquí al 7 de junio, día de la elección. Lapso de tiempo que, se supone, la ley establece para que los ciudadanos puedan meditar el sentido de su voto luego del fragor de las campañas electorales que este miércoles llegaron a su fin.
Con las excepciones que siempre hay, el grueso de los candidatos y sus partidos confirmaron que las aseveraciones de honestidad y transparencia propias, combinadas con promesas y ataques al contrario son parte del manido manual para alcanzar el triunfo. Hubo, sin embargo, algunos sucesos que trastocaron esa normalidad en los días finales de proselitismo.
La escaramuza entre la dirigencia estatal del PVEM y el gobernador Miguel Márquez por los miles de kits escolares que decomisó la Procuraduría General de Justicia del Estado, escaló a esas alturas solamente en Guanajuato a pesar de que en todo el país se repartieron esos mismos artículos. De manera implícita, la procuraduría acusó al Verde de repartir libretas, mochilas, gomas y cilindros con el fin de atraer el voto de los ciudadanos, cuando el INE prohibió semanas atrás su distribución. Mientras alegaba que su actuación se apegó a derecho y que respondió únicamente a una denuncia ciudadana, la secretaria de Organización de ese partido, Beatriz Manrique Guevara, prácticamente acusó a la corporación de robo y de actuar con motivos electorales, señalamiento que se sumaba a la queja por amenazas que interpuso en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato contra agentes ministeriales. La confrontación está ahí, en el aire, sin que puedan apartar de sí la idea de que ambas partes obraron de tal modo por tener intereses ocultos y no por la convicción de conducirse bajo términos de legalidad. Paradójicamente, la PGJE es la que más quedó en evidencia por ser la principal obligada a conducirse en estricto apego a derecho, mientras que de los dirigentes estatales del Verde no se supo ni se presumió siquiera que hayan pretendido actuar como sus compañeros en otras entidades y en la capital del país. Guardaron los kits prohibidos en una bodega y ahí los encontró la procuraduría, no en los lugares ni con las personas que los habrían recibido.
El caso más grave fue el de Rudel Oliva Hernández, aspirante a diputado local por Morena en el Distrito VII. El candidato denunció que él y su hija recibieron amenazas luego del debate que sostuvo con sus adversarios el 21 de mayo. Lo escrito en las cartulinas que encontró en su casa el 22 y 27 de ese mes, donde le lanzan la advertencia de “bájale”, desvelan los modos de quienes son contratados para amedrentar y en el extremo, si aún cabe, atacar mediante la violencia física a quien se trata de sacar del camino. La PGJE suele ufanarse de realizar investigaciones con rigor científico, eficientes, y de obtener resultados prontos, aunque en este caso no se percibe que vaya a ser así.
Ambos sucesos, que al paso de los días ya nadie parece tenerlos en cuenta, indican que hay algo en las raíces de nuestro sistema político electoral que está podrido. Utilizar recursos públicos para hacer campaña a la mala, hacer uso de la fuerza para intimidar a un partido sin demostrar que efectivamente hay un delito y recibir amenazas por tener aspiraciones a un cargo, son parte de un mismo fenómeno que los ciudadanos rechazan y deploran. Saben que eso pasa aquí cuando el poder se pone en juego, motivo suficiente para reflexionar o no en estos días que faltan para el 7 de junio.
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