Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Miércoles 12 de agosto de 21015
Cerca de un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión exigieron al gobierno del Distrito Federal que la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la capital del país no sea “utilizada como un acto de oportunismo político”; y que las investigaciones sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte consideren como líneas de investigación las relacionadas al trabajo profesional de Rubén Espinosa y Nadia Vera.
El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Reporteros Sin Fronteras, Serapaz y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras, pidieron en cambio crear un engranaje de Estado que permita condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
El pronunciamiento de estas organizaciones se da después de que al promulgar la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó precisamente que ese acto no se da por “oportunismo político” sino para que la Ciudad de México se mantenga como refugio seguro para los periodistas que se sientan amenazados en otras entidades del país. 
La promulgación de la nueva norma, que establece la creación de un mecanismo para la protección de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, similar al creado a nivel federal y que depende de la Secretaría de Gobernación, se dio un mes después de haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el contexto de los asesinatos del periodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera y de Alejandra Olivia Negrete Avilés, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz Alfaro.
Las organizaciones recuerdan que desde hace más de un año, defensores y promotores de derechos humanos y de la libertad de expresión trabajaron de manera constante en mesas intersecretariales junto con la Asamblea Legislativa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal “con la finalidad de construir una normativa local que reconociera, pero sobre todo protegiera a personas que, de manera individual y/o colectiva, realizan diversas acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en el Distrito Federal”.
Fue el 9 de julio que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Distrito Federal, con 29 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.
Señalan que en el contexto de represión, criminalización, judicialización y ejecución de las que son objeto personas defensoras de derechos humanos y periodistas refugiados en el Distrito Federal, “posicionamos que la publicación de la Ley no debe ser utilizada como un acto de oportunismo político, sino como un compromiso real de las autoridades para resolver problemas estructurales y políticos, para lograr una correcta implementación de la misma. Y sobre todo que es indispensable crear condiciones mínimas para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y el periodismo, bien de manera individual o colectiva”.
Exigieron un serio compromiso por parte de las diversas instancias del gobierno del Distrito Federal para cumplir con el objeto de la ley; un proceso de reformas a la ley, así como el diseño de reglamento y sus lineamientos en consulta con la sociedad civil. También, añadieron, es fundamental la asignación de recursos presupuestales necesarios para la creación e implementación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como un organismo descentralizado, con autonomía de gestión, patrimonio propio, y un fondo para implementar las medidas de prevención y protección.
Mostraron también su preocupación por “la inclusión de algunas modificaciones de último momento, de las cuales las organizaciones y personas que acompañamos el proceso de elaboración de la Ley no fuimos consultadas (…) y afirmamos que no estamos de acuerdo, ya que consideramos impacta en la toma de decisiones, y en algunos casos pone en riesgo la equidad y la paridad en los espacios”.
En cuanto a los casos de personas defensoras y periodistas que la Procuraduría de Justicia del D.F., tienen bajo su investigación, exigieron que esa corporación tenga “en cuenta las definiciones plasmadas en esta ley, y que las líneas de investigación de multihomicidios, como el de la colonia Narvarte, contemplen las relacionadas a la labor del periodista y de la defensora de derechos humanos.
Al final de su pronunciamiento afirmaron que el Distrito Federal ya no es seguro para que los y las defensoras de derechos humanos y periodistas ejerzan su labor. “Ha demostrado también que no es una ciudad segura como refugio”, por lo que consideraron que de haber una correcta implementación de la nueva ley de protección “se podría llegar a mejorar las condiciones actuales”.
Ratificamos una vez más que el Distrito Federal no es una ciudad segura para que las y los defensores y periodistas ejerzan su labor, ha demostrado también que no es una ciudad segura como refugio, por lo que la correcta implementación de una ley de protección podría llegar a mejorar las condiciones actuales.
Hostigamiento
En otro orden, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) alertó la tarde de este miércoles sobre la incursión de patrullas y camionetas con policías antimotines en el poblado otomí de Xochicuautla, Estado de México.
De acuerdo a la información difundida a través de sus cuentas de Twitter @SerapazMéxico y Serapaz A.C., de Facebook, el operativo tuvo como propósito el ingreso de maquinaria “en ambos trazos (de la zona) donde pretenden imponer la autopista Toluca-Naucalpan quedando el Campamento de Paz y Digna Resistencia en medio.
“Hay mujeres, niñxs de la comunidad en el campamento. Se da el ingreso de las máquinas y cuerpos policíacos ante el final de las medidas cautelares emitidas por la CNDH y después de que lxs compañerxs de Xochicuautla exigieron una recomendación exhaustiva ante esa instancia”.
Horas después, Serapaz dio cuenta de que las patrullas se habían retirado y que “por ahora la situación está tranquila”. A la vez difundió el llamado de los habitantes de Xichicuautla para “estar atentos a que este tipo de hostigamientos se sigan presentando y vayan en aumento en los próximos días”.
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