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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 23 de mayo de 2017
Por el espionaje del que han sido víctimas algunos de sus miembros, por el incremento de las amenazas a la libertad de expresión y porque «en México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil», diez organizaciones civiles anunciaron su decisión de dejar de participar con la administración federal en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Conferencia de prensa de los representantes del NOSC al anunciar que se retiran de la Alianza para el Gobierno Abierto. | Foto: Selene Pacheco / Cuartoscuro.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional de la que México es uno de los siete países fundadores y que está integrada por 75 naciones, cuyo objetivo principal es impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y uso de tecnologías. En México, según el Plan de Acción 2016-2018 publicado por el gobierno federal, «se ha convertido en una fuerza de cambio real que ha permitido avances significativos y resultados concretos gracias a la colaboración de funcionarios y sociedad civil».
Para el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) que colaboraban desde hace cinco años con el gobierno federal, sin embargo, a la vez que no hay condiciones de co-creación y diálogo, el espionaje contra defensores de derechos humanos y el incremento «súbito» de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden el diálogo entre pares con el gobierno de la República. Por ello, añadieron, abrirán un expediente a través de la Política de Respuesta de la iniciativa que será enviada al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrado por representantes de los gobiernos y organizaciones civiles de los países participantes.
En conferencia de prensa, y luego a través de un comunicado conjunto, las organizaciones civiles dijeron que una de las razones para abandonar la alianza fue la evidencia revelada por el Citizen Lab de la Uiversidad de Toronto, Canadá, con ayuda de las organizaciones mexicanas en derechos digitales SocialTic y R3D, y publicada el 11 de febrero en el periódico estadounidense The New York Times, «acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México».
Frente a esta situación, explicaron, «el núcleo exigió al Poder Ejecutivo federal (representado por la Secretaría de la Función Pública) y a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), a actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de tres meses».

José Manuel Casanueva, director de SocialTic. | Foto: Selene Pacheco / Cuartoscuro.
El martes 14 de febrero SomosMass99 publicó que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó malware llamado Pegasus, altamente sofisticado, para espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad. Las personas espiadas fueron Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.
El NOSC, sin mencionar sus nombres, dijo que dos de esos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la sociedad civil y el gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto , en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción 2016-2018.
Consideró que “esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto».
A lo anterior, dijeron, se suma la actuación de distintas dependencias del Ejecutivo federal que buscaron «disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción”.

Juan E. Pardinas, director general del IMCO. | Foto: Selene Pacheco / Cuartoscuro.
Por todo ello, las diez organizaciones que integran el NOSC anunció su «decisión unánime» de «concluir su participación en el STT, tras más de cinco años de trabajo en este espacio de interlocución».
En México, la Alianza para el Gobierno Abierto operaba a través del Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el espacio de toma de decisiones compuesto por tres partes: Poder Ejecutivo (SFP), órgano garante (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC), integrado por Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; CIDAC, Centro de Investigación para el Desarrollo; Cultura Ecológica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas; SocialTIC, Tecnología Digital para el Cambio Social; Instituto Mexicano para la Competitividad; GESOC, Agencia para el Desarrollo; Observatorio Nacional Ciudadano, y Transparencia Mexicana.
Foto de portada: Selene Pacheco / Cuartoscuro.
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