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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 13 de febrero de 2017
A menos de 48 horas de que el periódico estadounidense The New York Times informó que programas de espionaje fueron usados por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra activistas de la salud promotores de establecer impuestos a las bebidas azucaradas, las organizaciones defensoras de derechos ciudadanos Artículo 19, R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República por esas actividades que consideraron inaceptables, reprobables y que agravian a la sociedad.
- James Quincey, presidente y jefe de operaciones de Coca Cola, y Enrique Peña Nieto, durante la inauguración en septiembre de 2016 del Centro de Innovación y Desarrollo de la refresquera en la Ciudad de México. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
Por medio de un pronunciamiento conjunto, las tres organizaciones dan cuenta de que el informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, fue elaborado en colaboración con R3D, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, y «demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad, en especial, la crítica al fallido etiquetado frontal en productos alimenticios en México».
Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO. Los tres recibieron, entre el 8 de julio y el 17 de agosto de 2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con el propósito de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group.
Explicaron que el análisis de los mensajes de texto arrojó que los enlaces enviados están asociados a una infraestructura de dominios de la empresa israelí NSO Group -que según The New York Times, «vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y tiene contratos con varias agencias oficiales de México»-. Al hacer clic en el enlace, el malware identificado como Pegasus se descarga sigilosamente en el dispositivo, dándole control al atacante y acceso a todos los archivos guardados, así como capacidades para utilizar la cámara, el micrófono, el GPS, entre otros.
- Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor. | Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
«El malware utilizado contra Barquera, Calvillo y Encarnación es vendido por NSO Group exclusivamente a gobiernos. Se ha documentado que diversas agencias del gobierno mexicano son clientes de NSO. De acuerdo con un informe de 2016 de Citizen Lab, este malware ha sido utilizado con anterioridad para espiar ilegalmente a periodistas en México».
Los tres objetivos formaron parte de las personas que promovieron en 2014 un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México. El 29 de junio de 2016, una semana antes de la recepción de los mensajes, Calvillo y Encarnación convocaron a una rueda de prensa para pedir un aumento en el impuesto, así como demandar al gobierno mayor transparencia en el uso de los recursos recaudados a partir de este; por su parte, Barquera se pronunciaba a favor de ese impuesto en foros académicos y redes sociales.
«Ante estos hechos exigimos la inmediata apertura de una investigación seria e imparcial que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal documentada que vulnera el derecho a la privacidad, el derecho a defender derechos humanos e inhibe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
- Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
«Además, en los próximos días presentaremos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seguiremos explorando vías para impedir que el caso quede en la impunidad.
«La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos es un hecho a todas luces reprobable, inaceptable y que agravia a toda la sociedad. El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, resulta es un agravio para todas las personas que trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, tanto en el sector público y privado, así como de la sociedad civil organizada», dijeron las organizaciones firmantes del pronunciamiento.
Foto de portada: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
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