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Mario Santiago Juárez*
Jueves 7 de julio de 2016
Al investigar casos de desaparición forzada de personas el Estado se enfrenta a sí mismo. Si agentes estatales participan en la privación de la libertad de una persona o autorizan su detención y posteriormente niegan información sobre el paradero de la víctima, se darán los supuestos legales para considerar que se ha cometido una desaparición forzada: un secuestro ejecutado o autorizado por el Estado, que sustrae a la persona detenida de toda protección legal. La participación de servidores públicos es lo que hace tan difícil la investigación de los hechos. Policías municipales, estatales o federales; agentes del ministerio público, o militares harán todo lo que esté en sus manos para encubrir los hechos de la desaparición.
De esta manera suelo explicar a los familiares de personas desaparecidas las razones de la impunidad que rodea la investigación de sus casos. Aunque no contamos con un perfil cierto de las víctimas, lo que sí queda claro, es que la gran mayoría de las personas que de forma incesante denuncian las desapariciones son mujeres, especialmente madres buscando a sus hijos e hijas.
La opacidad en las cifras de personas desaparecidas en México hace extremadamente difícil realizar un perfil de las víctimas. En el informe “Atrocidades Innegables”, que el mes pasado publicó Open Society Justice Initiative se señala que los grupos objetivo de estos crímenes suelen variar de acuerdo con el contexto de la zona. En Chihuahua, por ejemplo, las desapariciones de mujeres podrían atribuirse a la trata para la explotación sexual. Lo mismo parece suceder en Querétaro. Por el contrario, en Coahuila, un 84.3 por ciento de las 370 desapariciones documentadas por la organización “Fray Juan de Larios” hasta 2015, corresponden a hombres.
El delito de desaparición forzada trastoca de forma especial la vida de las familias afectadas, pues la búsqueda les ocupa gran parte de su tiempo, lo que muchas veces provoca la pérdida de sus empleos. La incertidumbre obstaculiza la posibilidad de duelo, lo que contribuye a prolongar la afectación psicológica ante la desaparición. Los efectos van desde la pérdida del sueño, las rupturas sentimentales a trastornos mentales. Pero el calvario no termina ahí, los familiares y, como dije, especialmente las mujeres, se enfrentan a una revictimización constante, al encarar una falta, muchas veces absoluta de acciones dirigidas a conocer el paradero de sus seres queridos. Una vez tras otra se enfrentan a dilaciones injustificadas y a las prácticas burocráticas de búsqueda gestionada desde los escritorios de los funcionarios públicos sin capacitación especializada. Es común que las autoridades culpen a las víctimas de su desaparición y no tomen en cuenta la información aportada por los familiares.
El hallazgo con vida de las personas es una tarea que es asumida por los familiares que, sin miedo, buscan en lugares destinados al secuestro o a la trata de personas sin ninguna autoridad oficial que los proteja. La alternativa ha sido la búsqueda de restos en las fosas comunes clandestinas, lo que puede ocasionar la destrucción de evidencia y de nuevo el riesgo de ser víctima de delitos. En todo caso, una medida desesperada que en muchos casos puede ocasionar hasta el asesinato de los padres desesperados.
El Estado es el único obligado a investigar las desapariciones y el único con la posibilidad de contar, de forma accesible, con la capacidad técnica para hacerlo de manera efectiva. En el informe de Open Society, arriba citado se recomienda al Estado la creación de equipos de naturaleza multidisciplinaria de búsqueda que incluya investigadores de la policía, trabajadores sociales y fiscales; la creación de un instituto nacional forense, independiente de la Procuraduría General de la República y el retiro de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad.
La pesadumbre que agobia a los familiares de las víctimas de desaparición es, como el delito mismo, una cuestión generalizada y sistemática. El Estado mexicano, incapaz de garantizar la seguridad de las madres de los desaparecidos ha recibido la llamada de atención del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para que se busque a las personas desaparecidas y se proteja a las familias que, ante la omisión estatal, son quienes arriesgan su vida en la búsqueda. Las Medidas Cautelares que han sido litigadas por las organizaciones de la sociedad civil, pretenden que el Estado mexicano proteja la integridad de las familias y realice diligencias efectivas para la búsqueda de las víctimas, sin embargo el Estado se niega a reconocerles valor a estas decisiones internacionales.
La impunidad que está detrás de los casos de desaparición forzada solo puede evitarse a través de una transformación profunda de las instituciones, pero fundamentalmente tiene que ver con la voluntad del Estado para priorizar estas acciones, lo cual hasta el momento no se observa. El dolor no conmueve a los burócratas, cae en saco roto, simula y se perpetúa. El camino que estamos transitando, desde la indolencia oficial nos conduce a un profundo abismo de impunidad en el que la noche y la niebla todo lo copan. Algo nada alentador en un país azotado por el crimen.
* Mario Santiago Juárez es director de Investigación en I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala.
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