SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 26 de abril de 2016
Ayer, 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su segundo informe de trabajo y así se cierra un importante periodo para los derechos humanos en México, pero el hecho deja la enorme pregunta de ¿qué sigue?
Hagamos un breve ejercicio de Memoria de cómo y por qué surgió el GIEI. El 26 de septiembre son desparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero.
El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam entonces Procurador General, expuso públicamente que la investigación apuntaba a que los todos los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales, entregados a un grupo de delincuentes y quemados en un basurero, ubicado en un pueblo cercano a Iguala llamado Cocula.
Frente a esta hipótesis las preguntas se agolpaban. ¿Sólo habían participado policías locales? ¿La Policía Federal y el Ejército, presentes en la zona, no tuvieron nada que ver? ¿Era posible que todos los estudiantes hubieran sido quemados en un único lugar?
Las familias de los estudiantes y las organizaciones que les apoyan veían que su derecho de acceso a la justicia estaba en riesgo, razón por la que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ofreciera ayuda técnica a las autoridades mexicanas. ¿Por qué las familias recurrieron a la CIDH?
México, desde hace tiempo, asumió compromisos de derechos humanos. Uno de esos es la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), tratado que establece un conjunto de derechos humanos que los países comprometidos deben cumplir. Para verificar que efectivamente se cumpla esa convención establece la existencia de la CIDH como un órgano encargado de la vigilancia.
Las Familias y las organizaciones proponen a la CIDH integrar un grupo de personas expertas en investigación de delitos de alto impacto, como son las desapariciones forzadas, para cooperar con la Procuraduría General de la República (PGR) y lograr que ésta cumpliera su obligación de esclarecer los hechos.
La propuesta pasó por un proceso de discusión y acuerdo entre la CIDH, el Gobierno mexicano, las familias junto con las organizaciones, quienes finalmente firmaron un acuerdo el 12 de noviembre de 2014. El grupo de expertos debería realizar, entre otras cosas:
6. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
6.1 Analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, empleando las figuras legales adecuadas para el encuadre de los ilícitos y de la responsabilidad penal.
6.2 De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, recomendar acciones que deben implementarse para garantizar que la investigación agote cabalmente y en los distintos niveles de responsabilidad las líneas de investigación.
Para integrar lo que sería el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cada parte del acuerdo propuso una lista de candidatos y finalmente se acordó integrar el equipo que ayer entregó su informe final.
Su primer periodo concluyó el 6 de septiembre de 2015 cuando entregaron su informe. Entre sus principales hallazgos estuvo que los 43 estudiantes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula y que además de los cuatro autobuses identificados, había un quinto autobús que pudo ser usado para el transporte de drogas, asunto que era necesario investigar.
Luego de este informe hubo un nuevo proceso de negociación entre las partes y la CIDH, donde se acordó extender el mandato seis meses más.
Durante los últimos cuatro meses, el GIEI ha llevado adelante su trabajo en medio de tensiones y fuertes confrontaciones con la PGR y el gobierno mexicano. Un punto de tensión ha sido la negativa de que el GIEI entreviste a los militares que forman parte del batallón ubicado en Iguala. Un segundo diferendo fue que los resultados preliminares del tercer estudio sobre el incendio en el basurero se hubieran difundido de manera unilateral por la PGR, presentándolos además como concluyentes, cuando no era así.
Desde semanas antes de que concluya el mandato del GIEI, el Gobierno mexicano fue diciendo en varios foros que no aceptaría extender el plazo de la cooperación y esta ha sido la postura final.
Anteayer, como ya decía antes, el GIEI presentó su segundo y último informe. Habrá que revisar las más de 600 páginas y poner manos a la obra en concretar sus 22 recomendaciones.
¿Con qué nos quedamos ahora que el GIEI se va de México?
La desaparición de los estudiantes persiste y aún no se cuenta con una explicación creíble, sustentada y satisfactoria.
Duros señalamientos respecto de las numerosas y graves deficiencias, líneas de investigación que aún deben agotarse, el uso de tortura como forma de investigar, manipulación de evidencias y un largo etcétera.
Por último, vale insistir que la responsabilidad de esclarecer lo sucedido con los estudiantes es de las autoridades mexicanas, que el aporte del GIEI era contribuir a que éstas dieran resultados. Nunca se propuso que el GIEI supliera las obligaciones de la Procuraduría General de la República
@EdgarCortezm
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