SOMOSMASS99
Agustín Ramírez Agundis*
Miércoles 18 de diciembre de 2019
El año 2019 está por concluir. Desafortunadamente el estado de Guanajuato se mantuvo a lo largo de estos doce meses en el derrotero de la inseguridad, incluso de manera creciente. La situación de riesgo para la integridad física de las personas no perdona a ningún sector de la población. Sin embargo, de varias maneras son las y los jóvenes quienes en mayor medida se ven afectados por las consecuencias de actos criminales. Por las circunstancias propias de su edad las chicas y chicos en plena juventud están más expuestos a las agresiones en comparación con las personas adultas. Por su parte, son especialmente graves las condiciones para las jóvenes guanajuatenses, en tanto que sufren agresiones no sólo fuera de su hogar sino también son las más dañadas por casos de violencia familiar.
En Guanajuato las diversas dependencias gubernamentales que de una u otra forma tienen la facultad y la responsabilidad de proteger los derechos de quienes habitamos en la entidad han hecho caso omiso de sus obligaciones, por decir lo menos. Según la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, el Poder Público se divide para su ejercicio en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Asimismo, la Constitución establece la existencia de organismos autónomos, como es el caso del encargado de la protección de los derechos humanos.
A lo largo de las dos últimas décadas, tanto el Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, han sido totalmente indolentes ante el surgimiento y crecimiento acelerado de un proceso de inseguridad pública que hoy propiamente raya en la absoluta ingobernabilidad. Igualmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado se ha hecho de la vista gorda, del oído sordo y del olfato atrofiado poniendo de manifiesto que su supuesta autonomía respecto al Ejecutivo es totalmente nula.
Primero poco a poco y luego ya sin ningún freno, los cuerpos policiacos y las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia se vieron envueltas en un proceso de descomposición que parece no tener fin. El resultado es por todos conocido: homicidios, extorsiones, asaltos en la vía pública, en los comercios y en las viviendas, robos en pequeña, mediana o gran escala y violencia sexual, todo ello a cualquier hora y en cualquier lugar, crímenes en la gran mayoría de los casos sin castigo, como un homenaje a la impunidad, tal como si la ley no existiera.
Por si fuera poco, en nuestra entidad la prensa escrita y las estaciones de radio y televisión, con sus honrosas excepciones, viven autocensuradas, por decir lo menos, restringiendo su labor a dar cuenta de los delitos con un enfoque más bien de espectáculo, como si estuvieran narrando o describiendo escenas que nos fueran ajenas y ante las cuales no hay nada que hacer.
Durante un buen tiempo parecía que ante tal situación no teníamos otra alternativa que la de quejarnos en corto en los círculos de amigos, compañeros de trabajo y familiares, a la vez que intensificábamos la aplicación de medidas de protección las más de las veces inútiles, como las alarmas, las rejas callejeras, las concertinas, los sistemas electrónicos para la apertura de puertas, y, por si las dudas, el aprendizaje de los protocolos, nunca escritos pero siempre bien explicados, acerca de la manera como debemos actuar ante un asalto para que las consecuencias sean lo menos dañinas posible.
En los últimos meses han ocurrido dos eventos en los que los estudiantes, como protagonistas, nos han dado el ejemplo de que no estamos inermes. Nos han puesto la muestra de que la unión, la decisión y la organización constituyen una poderosa arma que se pone en práctica de manera contundente a través de la protesta.
Primero fueron los estudiantes celayenses de nivel medio superior y superior quienes planearon, organizaron y ejecutaron una manifestación de protesta el dos de octubre que por su nivel de intensidad y participación nunca antes se había visto en el municipio. Encabezada la manifestación por los Linces del Tecnológico de Celaya, las autoridades municipales se vieron obligadas a atender a los manifestantes y a comprometerse a satisfacer sus demandas de mayor seguridad en los alrededores de los centros de estudios a través de acciones concretas.
Dos meses después, a principios de diciembre, fueron las Abejas de la Universidad de Guanajuato quienes mediante un paro estudiantil conducido inteligentemente y apoyado por toda la comunidad en sus diferentes planteles, obligaron al gobernador, al rector general de la Universidad y al presidente municipal de Guanajuato a sentarse en una mesa para escuchar sus peticiones sin derecho de réplica, siendo de resaltar la ausencia del fiscal general que también estaba citado por los estudiantes (de allí la consigna “sin los cuatro no hay trato” que corearon al abandonar el recinto dejando allí plantados al gobernador, al rector y al edil).
Las autoridades del estado, del municipio del Guanajuato y de la universidad tuvieron que reconocer y pedir disculpas por no atender oportuna y eficazmente los casos de agresión física tanto en el interior como en el exterior de la casa de estudios, resaltando las situaciones de violencia de género en las que los victimarios han sido profesores universitarios, mismos que la universidad ha encubierto para salvar su prestigio, es decir ocultando la cabeza como lo hacen las avestruces para tratar de ignorar una verdad por muchos conocida.
Está claro, es mucho lo que tenemos que aprender de las y los estudiantes, que con sus acciones nos han demostrado que muy bien pueden ser maestras y maestros para mucha gente.
Por eso la arenga ¡Que vivan los estudiantes!
* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece el autor.
Foto de portada: SomosMass99.
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