SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 24 de enero de 2017
El General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, en los últimos meses del año pasado insistió en que se debía dotar a las Fuerzas Armadas (FFAA) de un marco legal que les asegure certeza de su participación en labores de seguridad. En respuesta fueron presentadas tres distintas iniciativas de ley sobre seguridad interior. ¿La seguridad interior es la mejor respuesta?
Primero pongamos en perspectiva el asunto de la participación de las FFAA en tareas de seguridad. Las FFAA fueron incorporadas a labores de seguridad pública en 1996 cuando inició su vigencia la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de entonces hemos venido experimentando una militarización de la seguridad progresiva.
Además de muchos operativos militares, fuimos testigos de numerosos nombramientos de militares como secretarios de seguridad pública estatales y municipales. La idea subyacente era que la disciplina castrense era la más conveniente para las instituciones civiles.
Diez años después, el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y a partir de entonces se ha hecho un uso intensivo de las FFAA en labores de seguridad, de hecho ésta se volvió la piedra angular del intento de reconstrucción de la seguridad en el país. Lo mismo se puede decir respecto del actual gobierno.
En total se contabilizan más de 20 años, 10 de ellos intensivos, en los que los gobiernos civiles han puesto la tarea de seguridad pública, cada vez más, en manos castrenses.
Uno de los argumentos de por qué se insiste en dar una base jurídica a las FFAA en materia de seguridad, es la inexistencia de un marco jurídico al respecto. El asunto no es exactamente así pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios al respecto, que arrancan como resultado de la controversia constitucional 1/1996. La Corte determinó que sí era constitucional que las FFAA participaran en labores de seguridad pública pero en auxilio de las autoridades civiles, bajo la coordinación y responsabilidad de las mismas. La realidad es que prácticamente eso nunca sucedió pues las FFAA siempre han estado por encima de los civiles.
El actual capítulo de este largo proceso es la iniciativa de ley de seguridad interior, la cual presenta varios problemas.
El primer cuestionamiento es si el Congreso está facultado para legislar en esta materia. Varios especialistas consideran que en las actuales circunstancias aprobar una ley de seguridad interior sería anticonstitucional.
El segundo problema es conceptual pues la seguridad interior es una especie de nebulosa; no existe una definición clara y precisa. Parece que la deliberada ambigüedad puede servir para pasar de una medida extraordinaria, como son estos 20 años de FFAA en tareas de seguridad, para darles un estatus de permanente.
El tercero problema está en que se quiere dar autonomía a las FFAA en estas labores olvidando la sujeción respecto de las autoridades civiles. Este punto destaca en la iniciativa del Diputado César Camacho, que en el artículo tercero establece. Las acciones de seguridad interior incluyen aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con otras autoridades, orientadas a la normalización del orden interno institucional en un área o zona geográfica del país, con la emisión de la declaratoria de protección a la seguridad interior…
La lista de problemas que presente el tema y los cuestionamientos a propósito de las leyes es mayor, pero por ahora quiero apuntar sólo los anteriores.
Creo que el debate tendría que colocarse en otras coordenadas. No aprobar ninguna ley de seguridad interior. Sí establecer un plan preciso y medible de desarrollo de policías civiles profesionales, establecimiento de sanciones a las autoridades ejecutivas que no cumplan con esa tarea. Mientras que para atender a las problemas extraordinarios de seguridad y violencia, se tendría que aprobar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para declarar afectación y suspensión de derechos, con fuertes medidas de control.
Hay que hacer un llamado de alerta. La ley de seguridad interior es volver permanente la militarización de la seguridad. En la seguridad interior lo que importa es cuidar a las instituciones públicas pero no de la ciudadanía.
@edgarcortezm
Foto de portada: Ma. José Martínez / Cuartoscuro.
Comparte en Facebook
Twittéalo
