SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 5 de septiembre de 2017
El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha resultado mortífero para las y los defensores de derechos humanos: 106 ejecutados extrajudicialmente del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, y 81 desaparecidos desde el primer día de gobierno hasta el 31 de julio de 2017. Un periodo en el que los ataques contra personas y organizaciones que ejercen el derecho a defender los derechos «constituyen una práctica generalizada en el país».
Así lo señala el informe La esperanza no se agota, presentado este día por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), que en poco más de cuatro años del gobierno de Peña Nieto registró 303 violaciones a los derechos humanos de personas y colectivos, que suman 862 eventos con «tres mil 380 actos documentados» en 30 entidades federativas.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la RedTDT, dijo que el informe tiene el propósito de visibilizar la magnitud del problema de las violaciones a los derechos a defender los derechos en el actual sexenio. «Es sumanente grave, hay mjuchos elementos para demostrar que ha habido una represión selectiva hacia personas defensoras, y sistemática porque cualquier persona que defienda sus derechos, ya sea familiar de las víctimas o una persona que defienda a una comunidad, es sistemáticamente agredida.
«Las agresiones se han casi triplicado a partir de este sexenio; notamos que hay una mayor letalidad y que las violaciones y agresiones aumentaron en el contexto de las reformas estructurales» promulgadas a partir de 2012, afirmó.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la RedTDT.
En el informe se constata «el grave y constante incremento en los casos», lo que resulta alarmante y contradice los avances formales en el reconocimiento de DH.
De las situaciones registradas por la Red TDT y otras no registradas en el informe, pero documentadas por las organizaciones integrantes de la agrupación, «podemos afirmar que los actos contra las personas y colectivos que defienden los derechos humanos por su labor, constituyen una práctica generalizada en el país, lo que refleja la inacción o falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras y el incremento del riesgo para éstas.
«Pero la situación en realidad resulta aún más grave, pues más allá de la omisión estatal, está documentado un importante número de casos en donde los perpetradores son de origen estatal e involucran a los tres niveles de gobierno.
Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de los derechos y asesora del pueblo Chineachi y Huahuacherachi en la Sierra Tarahumara.
«Los gobiernos estatales son los que más alta frecuencia tienen en las violaciones a los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos. El gobierno federal como perpetrador representa el 32% (220) de los eventos registrados. Por su parte los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).
«El gran número de agresiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, tiene un irreparable costo personal para ellas y para toda la sociedad en general. Estas cifras resultan alarmantes durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto».
Como resultado de lo documentado en el informe, y en un contexto en el que «el derecho a defender derechos humanos se encuentra en peligro, y con ello, el derecho de la sociedad a la garantía de vivir una vida digna», las organizaciones que integran la RedTDT lanzaron un llamado al Estado mexicano a responder formalmente a las inquietudes que genera el documento, pero sobre todo a tomar acciones decididas que protejan efectivamente a las personas defensoras.
Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Morelos.
Como parte de la presentación del informe La esperanza no se agota se llevó a cabo un conversatorio sobre la situación en que se encuentran organizaciones y personas defensoras en el país. Además de Fernando Ríos, participaron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Morelos; Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo; Estela Ángeles Mondragón, abogada defensora de los derechos y asesora del pueblo Chineachi y Huahuacherachi en la Sierra Tarahumara, entre otros.
Fotos de interiores: Agustín Galo Samario / SomosMass99.
Foto de portada: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
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