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Daniel Tester* / Declassified Uk
Reino Unido / Viernes 20 de diciembre de 2024
Los jóvenes manifestantes se enfrentan a más de un año de prisión antes de ir a juicio por un robo en una fábrica de armas israelí cerca de Bristol.
Clare Rogers se enteró de que su hija Zoe, de 21 años, había sido arrestada cuando la policía llamó a su puerta en las primeras horas de la mañana de agosto.
«Ha sido absolutamente horrible, ni siquiera sé por dónde empezar», dijo Clare a Declassified. Zoe, una activista pro-Palestina, «fue interrogada durante siete días sin cargos, a menudo en medio de la noche en una celda sin ventanas».
Clare no pudo hablar con Zoe durante este período, pero más tarde descubrió que su celda «estaba iluminada por una tira de luz y cada hora un guardia se acercaba a la puerta y abría la escotilla en voz alta, lo que significaba que no dormía».
Zoe no ha sido puesta en libertad y es uno de los 18 miembros del grupo de campaña Acción Palestina a los que se les ha denegado la libertad bajo fianza y se encuentran en prisión preventiva.
Están acusados de irrumpir en una fábrica propiedad de la mayor empresa de armas de Israel, Elbit Systems.
Seis miembros del grupo fueron arrestados en un sitio de Elbit en Filton, en las afueras de Bristol, después de que presuntamente condujeron una camioneta de la prisión modificada hacia la fábrica y desmantelaron armas el 13 de agosto.
Otras cuatro personas fueron arrestadas posteriormente cuando la policía allanó sus casas, y otras ocho fueron detenidas y llevadas a los tribunales a principios de este mes.
Elbit afirma que la protesta causó daños por valor de 1 millón de libras.
La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) sostiene que estos delitos «tienen una conexión terrorista», pero no ha acusado oficialmente a los manifestantes de delitos terroristas.
Como su juicio no se espera hasta noviembre de 2025, se enfrentan a 15 meses de prisión antes de ver a un jurado.
Cuatro de los detenidos bajo fianza tienen 22 años o menos y no tienen condenas previas.
Activistas en el tejado de la fábrica de motores UAV en 2021. | Foto (ilustrativa) Vladimir Morozov / Alamy, vía Declassified Uk.
Prisión preventiva
Cuando Zoe, que es autista, llegó a prisión, Clare dice que no le ofrecieron una llamada telefónica de inmediato y fue retenida en el ala de inducción de la prisión durante seis semanas.
Esto significaba que no podía entablar relaciones con otros prisioneros que normalmente pasaban por el ala en cuestión de días.
Los manifestantes también han recibido órdenes de no asociación que les impiden hablar entre sí.
Inusualmente, esta orden incluso les prohíbe hablar con los presos de otro grupo de protesta: Just Stop Oil.
Clare interpreta esto como una admisión de que ambos grupos son «prisioneros políticos» y dice que la orden ha afectado seriamente la capacidad de Zoe para realizar actividades carcelarias que le permiten salir de su celda.
«Zoe solicitó un trabajo en un taller de reparación de bicicletas, pero seguía sin ser aprobado», dijo. «Muchas veces, ni siquiera podía hacer citas en la biblioteca en caso de que otro prisionero en la orden de no asociación estuviera en la biblioteca».
La hija de 20 años de Sukaina Rajwani, Fatema Zainab, también fue arrestada en la fábrica Filton. Ella cree que su hijo es un prisionero político que está recibiendo un trato más severo debido a ser visiblemente musulmán.
«Fue sometida a múltiples pruebas de drogas aleatorias a las que nadie más fue sometido», dijo Sukaina a Declassified. «Toda su correspondencia le ha sido retenida… me temo que estas medidas adicionales se deben a la islamofobia a la que se enfrenta en la prisión».
‘Avance de la misión’
Las organizaciones benéficas de derechos humanos han cuestionado durante mucho tiempo el uso de los poderes antiterroristas contra los manifestantes políticos.
«El uso de la legislación antiterrorista contra personas que no representan una amenaza para la seguridad nacional es un claro ejemplo de expansión de la misión, y algo que los tribunales no ven con buenos ojos«, dijo Jacob Smith, de la ONG Rights and Security International.
Smith añadió: «Si no hay pruebas que sugieran que las partes se perjudicarían a sí mismas o a otros si se reunieran, entonces impedir que se reúnan es preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos».
Después de sus arrestos iniciales, los manifestantes fueron arrestados nuevamente mientras ya estaban bajo custodia en virtud de los poderes de la Ley contra el Terrorismo.
Esto permitió a la policía detener e interrogar a los manifestantes durante aproximadamente una semana sin cargos, y retrasó su acceso a asistencia jurídica y a las llamadas telefónicas reglamentarias.
Los manifestantes fueron finalmente acusados de robo agravado y daños criminales. Todos, además de dos, también han sido acusados de desórdenes violentos.
Además, un manifestante, Samuel Corner, de 22 años, ha sido acusado de causar lesiones corporales graves y lesiones corporales agudas a dos agentes de policía.
Una de las madres de los manifestantes, Emma Kamio, de 57 años, también fue detenida e interrogada sin cargos durante cinco días, antes de ser puesta en libertad.
Conexiones en las altas esferas
Acción Palestina cree que la acusación está siendo politizada.
Los documentos obtenidos por el grupo a través de solicitudes de libertad de información revelaron detalles de una reunión entre la entonces ministra del Interior, Priti Patel, y Martin Fausset, director ejecutivo de Elbit Systems UK.
Al parecer, Patel tenía la intención de «tranquilizar» a Fausset de que los manifestantes anti-Elbit serán reprimidos por el CPS.
Otro documento muestra que a una reunión separada con representantes de Elbit asistió un director de la Oficina del Fiscal General, que se dice que representa a la CPS.
Elbit fabrica aproximadamente el 85% de los equipos militares aéreos y terrestres utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Se especializa en aviones no tripulados, uno de los cuales mató a tres trabajadores humanitarios británicos en Gaza a principios de este año.
Semanas después del allanamiento en la fábrica de Filton, el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, suspendió algunas exportaciones de armas a Israel, incluidas partes de aviones no tripulados, citando el riesgo de violaciones del derecho internacional.
Imagen de portada: Clare Rogers (al frente a la derecha) protesta frente a HMP Bronzefield, donde su hija está retenida. | Foto: Martin Pope / Alamy, vía Declassified.
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