Tlatlaya: el Ejército, la PGR y la impunidad

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 30 de marzo de 2016

Al dar a conocer que el Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió del delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron el 30 de junio de 2014 en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, alrededor de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos sostuvieron que con esa decisión «se consolida la impunidad».

Informaron también que ese juzgado militar condenó al séptimo de los solados involucrados a un año de prisión solamente, por el delito de desobediencia, el cual ya compurgó.

La sentencia a favor de los involucrados, añadieron, «sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo directo debido a la opacidad que subsiste del caso».

Resaltaron además que, hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha citado a declarar a los mandos militares involucrados en la orden de «abatir» civiles, como lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) el 2 de julio de 2015.

En esa ocasión, el Centro Prodh presentó un informe del caso Tlatlaya en el que revela que en la disposición VII de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario -que se basa particularmente en el Programa Sectorial 2013-201820 de la Sedena, en el marco de la Operación Dragón- se ordena el 11 de junio de 2014 a los efectivos castrenses lo que sigue: «Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de la oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario».

Según la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la Sedena, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por lo ocurrido 19 días después de aquella orden, militares ejecutaron a 15 de las 22 personas encontradas en el suelo de una bodega de Tlatlaya la madrugada del lunes 30 de junio, afirmación que contrasta con la que sostuvieron el gobierno federal y las autoridades mexiquenses en el sentido de que esas muertes fueron resultado del enfrentamiento con el Ejército.

Para las organizaciones que dieron a conocer el fallo del Juzgado Sexto Militar, entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Artículo 19, Freedom House y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), con esa determinación «el caso Tlatlaya se encamina a quedar impune», toda vez que «la exoneración» de los militares acusados «confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense», dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea».

Además de consolidar «la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente», afirman que esa decisión, «ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad», como las cometidas por la PGR, que «como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos (…) ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos».

Recordaron que el 2 de julio de 2015, el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar, precisamente, la Orden General de Operaciones «que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos (de Tlatlaya) a ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

Las organizaciones señalaron que a esas determinaciones y omisiones de la PGR se suman las de la CNDH «que perpetúan la opacidad en el caso», puesto que negó a la víctima Clara Gómez González «el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio ombudsman (Luis Raúl González Pérez) anteriormente».

La CNDH tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, ya que, dijeron, «es un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana».