Emma Aguado / SomosMass99
Acámbaro, Gto. / 9 de septiembre de 2014
- De acuerdo a una encuesta realizada por Amnistía Internacional, el 65 por ciento de la ciudadanía en México tiene miedo a ser torturada en caso de que se le detenga por parte de algún elemento de seguridad.
“Debemos afirmar que la tortura y los malos tratos en nuestro país están fuera de control y esto lo sabemos porque las denuncias han aumentado en 600 por ciento en los últimos diez años”, afirma Eduardo Vázquez de Amnistía Internacional Guanajuato, en el marco de la presentación del informe “Fuera de Control, tortura y malos tratos en México”, trabajo de documentación que el organismo mundial dio a conocer apenas la semana pasada y que hoy ya circula en Internet.
“Como sabemos, Amnistía cada año presenta un informe relacionado con los temas más importantes en materia de derechos humanos, hemos tenido el de migración, el de derechos sexuales y reproductivos, y en esta ocasión se presenta una de las seis partes de un informe global sobre la tortura documentado ampliamente”, afirma el activista. El informe que documenta 24 casos de tortura y malos tratos perpetrados por distintos agentes del Estado mexicano a lo largo de 94 páginas es contundente: visibiliza por un lado la impunidad con la que opera el sistema de justicia en México y por el otro exhibe el trabajo inadecuado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus diferentes representaciones en los estados.
El trabajo presenta datos de torturas, detenciones arbitrarias, juicios mediáticos o mal documentados y allanamientos de morada; además detalla los niveles de corrupción de ministerios públicos, jueces, médicos y una serie de acciones que violan los derechos fundamentales de las personas, algunos de estos casos involucran incluso a menores de edad y permanecen sin recibir una reparación integral del daño.
Tomando como referencia la reforma constitucional en materia de derechos humanos que cambió nuestra Carta Magna, el activista comenta que “desde 2011 nuestra Constitución cambió y ahora el estado tiene una serie de responsabilidades que debe cumplir, la realidad es que no todos los elementos policíacos y de seguridad están capacitados en derechos humanos. De igual forma los distintos gobiernos municipales, estatales y el federal tendrían que reconocer que ya hay una obligación por respetar los derechos humanos, la tortura no puede seguir practicándose para obligar a personas a dar una confesión forzada, para armar teatros mediáticos”, y recuerda que la organización defensora de los derechos humanos realizó una encuesta recientemente que arroja una cifra que refleja con fidelidad la situación que vive nuestro país: 65 por ciento de la ciudadanía tiene miedo a ser torturada en caso de que se le detenga por parte de algún elemento de seguridad.
El contexto guanajuatense: 16 quejas por tortura en la PDHEG
- Amnistía Internacional también hace notar otra deficiencia en nuestro sistema penal ya que no existe un delito específico de malos tratos cuando se considera que no hay tortura.
El documento que presenta la organización mundial da cuenta del problema que representa el que existan distintas definiciones de tortura en los 32 códigos penales locales de México, aunado a que las penas no son proporcionales a la gravedad del delito. En este último sentido encontramos el caso de Guanajuato por ejemplo, en donde si bien el Código Penal en su artículo 264 reformado en junio de 2011 define la tortura de acuerdo a los marcos jurídicos internacionales y concuerda con la definición que maneja Amnistía Internacional, las sanciones que presenta son mínimas comparadas con el daño que provoca un acto de tortura, puesto que estipula de tres a diez años de prisión, cien a doscientos días multa, privación de su empleo o cargo e inhabilitación permanente para el desempeño de la función pública. Amnistía Internacional también hace notar otra deficiencia en nuestro sistema al no existir un delito específico de malos tratos cuando se considera que no hay tortura, lo que provoca que la formulación de cargos en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos no se registre el alcance real del problema.
En base a una exhaustiva investigación, el reporte asegura que desde 2006 el despliegue del ejército y a la marina para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga ha provocado un aumento de las quejas ante la CNDH por violaciones de derechos humanos debido a que elementos de estas instituciones realizan funciones policiales y de seguridad pública sin la formación necesaria para desempeñar labores de orden público. Este punto no debe menospreciarse para Guanajuato tomando en cuenta que 13 de los 46 municipios de Guanajuato (Coroneo, Abasolo, Huanímaro, Jerécuaro, Moroleón, Tarimoro, Uriangato, Yuriria, Victoria, Xichú, Tarandacuao, Tierra Blanca y Santa Catarina) trabajan con el Mando Único, un esquema de seguridad que delega la operatividad, dirección, coordinación, supervisión y control de las instituciones policiales al Estado en coordinación con fuerzas federales y el Ejército, dejando la cuestión administrativa y de manejo de recursos humanos a los municipios; por último no hay que olvidar la entrada de la Gendarmería Nacional que ha llegado a operar de entrada en el municipio de Irapuato.
Y aunque en su XX Informe de Actividades 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) registra una disminución considerable en las quejas hacia las Direcciones de Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado con respecto al 2012, en 2013 hizo la tramitación de 16 expedientes de queja y/o denuncia que versaron sobre la práctica de tortura en Guanajuato que acusan a la policía ministerial, dos van dirigidos a elementos de la Policía Federal y a la Policía Federal de Caminos; y uno hacia elementos de Seguridad en Irapuato, sin que se hayan emitido recomendaciones. Además entre los cinco hechos violatorios más relevantes de su informe del año pasado sigue apareciendo el Allanamiento de Morada y la Detención Arbitraria, estas prácticas incluso se encuentran entre las 464 recomendaciones realizadas por la PDHEG: 17 por Allanamiento de Morada y 67 por Detención Arbitraria. Cabe resaltar que en el estado, según este informe, hay 6 recomendaciones no aceptadas, y dos de ellas pertenecen al gobierno de Silao por detenciones arbitrarias, lugar en donde recientemente se violentó a una reportera del periódico El Heraldo, acto presuntamente relacionado con su trabajo crítico hacia la administración municipal.
Caso Almílcar
- Las denuncias por tortura en nuestro país han aumentado en 600 por ciento en los últimos diez años: Eduardo Vázquez de Amnistía Internacional.
El caso emblemático que acompaña la presentación de “Fuera de Control, tortura y malos tratos en México”, es el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad afrodescendiente garífuna de Honduras, quien viajó como migrante en situación irregular a Tijuana camino de Estados Unidos en 2009 y el 9 de marzo de ese mismo año fue detenido por hombres armados que lo torturaron y lo obligaron a hacer una declaración ante el ministerio público. Fue acusado de pertenencia a una banda criminal basándose en esta declaración. Este 2014, Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia, esperando que la visibilización del caso ayude a liberarlo.
Por último el activista en Guanajuato Eduardo Vázquez, comenta que AI tiene documentado desde 2010 hasta 2013 que la CNDH recibió más de 7 mil quejas con sólo 44 recomendaciones donde se confirma tortura, “tal parece que en los otros casos no se hizo un trabajo exhaustivo para aplicar sanción a los responsables. Las cifras oficiales dicen que baja la inseguridad, pero la realidad dice otra cosa”.
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