Por Karla y por la libertad de expresión
Agustín Galo Samario
La manifestación de un centenar de comunicadores en Silao en protesta por las agresiones sufridas por la reportera Karla Janeth Silva Guerrero constituyen un paso fundamental para la unión del gremio en torno a demandas fundamentales: libertad de expresión y seguridad plena para quienes ejercen el periodismo.
Si en principio eso es algo positivo, lo es más que la actitud de los periodistas de exigir respeto a su trabajo se haya dado de inmediato. Sin tomar a la ligera o de forma negligente que se trata de la primera agresión que se da contra una compañera en el estado, pues ello podría dar espacio para que se vuelvan a repetir hechos de la misma naturaleza.
Lo que sí llama la atención es el talante con que las autoridades estatales han expresado su postura y asumido sus obligaciones ante este atentado contra la prensa.
El lunes el gobernador Miguel Márquez aseguró que los periodistas en Guanajuato tienen su compromiso de que hará todo por garantizar su derecho a la libertad de expresión, por convicción personal y porque está obligado a ello como funcionario público. De hecho pidió a los comunicadores estar seguros de que cuentan con todo el apoyo de su gobierno y que se llevarán a cabo las investigaciones hasta donde sea necesario para esclarecer lo sucedido a la corresponsal de El Heraldo en Silao. Este martes, fue el procurador general de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, el que informó que se reunió con Silva Guerrero para conocer personalmente el testimonio de cómo ocurrió la agresión y posteriormente dio a conocer los retratos hablados de los presuntos autores materiales del atentado contra la reportera. Todo esto acompañado de un encendido discurso difundido a través de un comunicado de prensa, en el que se compromete a “lograr un castigo ejemplar a este inédito ataque y dejar en claro que en nuestro estado no se toleran tales actos criminales” y a llevar a cabo las investigaciones correspondientes para “identificar plenamente a los autores directos, la mecánica de los hechos, el móvil y a la totalidad de los involucrados, haciendo uso de la tecnología estatal, los recursos de inteligencia y análisis de información”.
Pero sucede que, acaso sin voluntad de poner en duda la palabra del gobernador de que no se actuará en consideración de colores partidistas, el procurador no mencionó por su nombre al alcalde priista de Silao, Benjamín Solís Arzola, por ser el principal señalado como presunto autor intelectual de las agresiones ni hizo referencia alguna sobre la posibilidad de llamarlo a declarar.
De este tipo de contradicciones seguramente tomarán nota los periodistas que hoy reclaman garantías para ejercer su derecho a la libertad de expresión y seguridad plena para el desempeño de su labor periodística. Quizá las autoridades estatales, en particular el procurador Zamarripa Aguirre, deberían tomar en cuenta que si dejan pasar más tiempo sin llamar a declarar a Solís Arzola seguramente se instalará la sospecha sobre el verdadero propósito de sus investigaciones. Y más aún si no dan resultados prontos e incontrovertibles con la captura de los responsables materiales e intelectuales del ataque a Karla Janeth Silva Rodríguez.
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