SOMOSMASS99
Agustín Galo Samario/ SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Martes 2 de febrero de 2016
Más de medio centenar de universitarias y universitarios exigieron este día a las autoridades de la Universidad de Guanajuato (UG) la implementación inmediata de acciones contra la violencia de género y visibilizar la problemática al interior de la institución, así como emprender medidas «convincentes» para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso sexual.
Ante el planteamiento, el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino convocó a una conferencia de prensa en la que respondió que la UG «hará uso de todos los instrumentos institucionales y jurídicos con los que cuenta para impedir y sancionar cualquier conducta que denote violencia de género en la Casa de Estudios».
Los pronunciamientos se dan a unos días de que se hizo público el caso de una joven que habría sido víctima de acoso sexual por parte de un profesor e investigador en la División de Derecho, al término de la clausura de un doctorado en la ciudad de Aguascalientes. Por los hechos presuntamente ocurridos en agosto del año pasado, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) abrió el expediente de queja 282/2015-A, toda vez que, según la víctima, distintas autoridades universitarias hicieron caso omiso a sus denuncias e incluso algunos funcionarios y funcionarias le habrían pedido renunciar a su empleo en la UG.
Las propuestas
- El compromiso contra la violencia de género «constituye una necesidad prioritaria e impostergable para la rectoría general».
En el posicionamiento difundido por la mañana a través de internet e incluso de mano en mano, los poco más de medio centenar de académicos, investigadores, estudiantes y trabajadoras y trabajadores administrativos definen, en principio, el acoso u hostigamiento sexual como todo «acto físico o verbal de naturaleza sexual que se realiza sin el consentimiento de una persona, que no es bien recibido o solicitado. Se ejerce generalmente de forma sutil en la vida cotidiana laboral de millones de mujeres, crea un ambiente laboral y docente hostil y no debe de ser entendido como una consecuencia de la discriminación por género sino que produce y mantiene esa discriminación».
De ahí, los firmantes exigieron al rector Luis Felipe Guerrero Agripino «un mensaje decisivo (…) de ‘cero tolerancia’ a la violencia y discriminación contra las mujeres», no sin antes reclamar que se haga visible la «problemática de discriminación y violencia de género en la institución» y emprender «acciones inmediatas y convincentes para su prevención, atención y sanción».
Todo ello, aseguran, es un compromiso que «debe ser asumido por toda la comunidad universitaria y constituye una necesidad prioritaria e impostergable por parte de la nueva administración de la rectoría general y de los cuatro campus».
Hacen notar que en la UG se han realizado esfuerzos institucionales e individuales en el tema de perspectiva de género, que han dado como resultado diagnósticos sobre la situación de las mujeres al interior de la universidad, talleres, diplomados, seminarios, jornadas contra la violencia de género y el feminicidio, además de campañas mediáticas para promover la igualdad y no discriminación.
En específico, dan cuenta de la generación de «propuestas de lineamientos para la igualdad entre mujeres y hombres, una guía para la atención del embarazo y la maternidad, una guía para prevenir la violencia en el espacio escolar e, incluso, existe una propuesta de protocolos para investigar, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual al interior de nuestra Universidad».
No obstante, señalan que todos esos esfuerzos no han sido suficientes porque no se ha logrado materializar «una política institucional que, mediante acciones continuas, avance hacia la transformación contundente de la cultura institucional con mecanismos e instancias que garanticen la integridad, seguridad e igualdad de las universitarias». Y reprochan que «situaciones como las que se hicieron públicas la semana pasada, dan cuenta del evidente desinterés y postergación de toma de decisiones para enfrentar la desigualdad y violencia de género en nuestra institución».
Por todo ello, proponen como necesario y con carácter de urgente, la revisión, aprobación e implementación de los protocolos y lineamientos ya elaborados para atender los casos de acoso sexual y garantizar la igualdad de género; crear mecanismos para monitorear el cumplimiento de dichos protocolos y lineamientos; revisar la normatividad y planeación institucional para incorporar el principio de igualdad de género; crear formal y legalmente un área permanente y con presupuesto suficiente que genere la política institucional y los planes de mediano y largo para lograr la igualdad de género.
- La UG «carece de protocolos, políticas o lineamientos institucionalizados en materia de equidad de género».
Y, además de prevenir, atender y sancionar las denuncias de acoso y hostigamiento sexual, demandan que como política institucional de la Universidad de Guanajuato se garantice la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados y en cada uno de los niveles directivos; se promueva el uso de lenguaje incluyente en la normatividad y documentos oficiales; asegurar «una adecuada atención a las necesidades de las alumnas, profesoras y administrativas en situación de embarazo y maternidad»; y diseñar un plan permanente de sensibilización, capacitación y formación de la comunidad universitaria en perspectiva de género».
La respuesta
Más tarde, luego de reunirse con algunos de los estudiantes que hicieron pública su postura, el rector Luis Felipe Guerrero Agripino dijo en conferencia de prensa que la UG está a la espera de que la PDHG emita su resolución sobre la queja de acoso sexual contra el profesor de la División de Derecho, aunque al mismo tiempo la universidad «atiende el caso y recaba elementos para definir cuáles son las acciones a seguir».
Acompañado del secretario general, Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, el rector garantizó a través de un comunicado que la UG hará uso de todos los instrumentos institucionales y jurídicos con que cuenta para impedir y sancionar la violencia de género. A la vez aseguró que la universidad «carece de protocolos, políticas o lineamientos institucionalizados en materia de equidad de género».
Aún así, añadió que «ya se trabaja en una propuesta que se presentará en este mismo mes a la Secretaría de Educación Pública», y aseguró que en marzo se «contará con una estrategia integral que contenga protocolos, lineamientos, políticas y prácticas para atender la violencia de género, así como una propuesta de socialización y de participación de la comunidad universitaria que atienda esta problemática».
Asumió el compromiso de que todas las iniciativas a implementar tendrán «una visión preventiva, proactiva, participativa, incluyente y congruente con la vocación humanista y de compromiso social de la institución». Prueba de ello, afirmó, es que el próximo jueves y viernes sesionarán las comisiones de Normatividad, de Honor y Justicia y de Vigilancia -las tres del Consejo General Universitario-, con «el objetivo de fijar postura en torno al ámbito de actuación de la Contraloría General en lo que concierne al régimen de responsabilidades y sanciones, cuando los casos involucran a profesores y directivos».
También afirmó que se tomarán en cuenta todas las voces y las propuestas de la comunidad universitaria para enfrentar el problema: «Nos corresponde sumar voluntades y atender de manera inmediata el tema, por lo que no se puede esperar a cambiar la normatividad universitaria». «Hay instancias trabajando en este tema, como es el caso de la Coordinación de Equidad de Género de la UG, a cargo de la doctora Cirila Cervera Delgado, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos».
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