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Redacción / SomosMass99
San Francisco Xochicuautla, EdoMex. / Lunes 11 de abril de 2016
La mañana de hoy, varias centenas de elementos antimotines de la Policía Estatal sitiaron esta comunidad hñähñu, derribaron la casa del delegado Armando García Salazar y destruyeron el campamento que los pobladores instalaron en 2015 para resguardar su bosque. De esta forma, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas le abrió paso a la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, lo que implica la destrucción de cientos de hectáreas de zona boscosa.
Mientras sus propiedad era derribada, Armando García Salazar dio una entrevista que fue transmitida por la página de Facebook del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT), en la que pidió ayuda y solidaridad ante una más de «las injusticias de nuestro gobernador Eruviel (Ávila Villegas) y de nuestro presidente (Enrique) Peña Nieto, hasta me da pena pronunciarlo. Para que vean a este gobierno cómo trabaja. Están derribando mi patrimonio, mi casa, mi hogar, sin ninguna notificación previa como tiene que ser en su caso (…) Fuimos desalojados hoy en casa; se tienen por ahí todos los materiales necesarios para dar fe y testimonio de lo que me está pasando a mí. Y pues estamos viendo cómo están derribando el patrimonio de muchos años, y pues ni modo, esta es una más de las injusticias de nuestro gobierno, de nuestro mal gobierno, diría yo».
En un video difundido este mismo día a través del canal Youtube, María Isabel Hernández García, miembro del Consejo Supremo de San Francisco Xochicuautla, denunció «las agresiones que nos están haciendo en este momento (…) en casa del delegado Armando (García Salazar)» por parte de los policías estatales. Relató que trató de protegerse dentro de la vivienda, «porque me dijeron que me metiera porque estaban rodeando el castillo. Me metí con mi bisnieta, entonces se metieron todos a sacarnos a todos a empujones. Yo les dije que por qué, que era mi casa, que no tenían por qué sacarme. Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña. Ya estando en el suelo, le dije sus cosas y me pateó, me dijo que me callara el hocico».
- Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México.
Estos hechos se dan a un mes de que los habitantes de Xochicuautla fueron enterados de que los días 11 y 18 de febrero «el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan»; a escasos ocho días de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ACIJ, por sus siglas en inglés) hizo público, a través del trabajo periodístico Panamá Papers, que Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa -constructor de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera- y a su vez de la empresa Autovan, ocultó una fortuna de al menos 100 millones de dólares en paraísos fiscales; y a un día de que 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones de todo el país pusieron en marcha la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.
El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT) ha informado desde hace meses que el proyecto carretero Toluca- Naucalpan comenzó desde el 2007 y «que atravesaría el Gran Bosque Otomí- Mexica, afectando extensas hectáreas de bosque y despojando de sus tierras a las comunidades otomíes de San Francisco Xochicuautla, San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Atarasquillo y Ayotuxco, entre otras, en los municipios de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, Estado de México.
- Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del Grupo Higa.
Rechazo
La Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que integran más de un centenar de pueblos, comunidades y organizaciones de por lo menos 15 estados del país, y algunas internacionales, emitió un pronunciamiento titulado ¡Alto a las agresiones en Xochicuautla!, dirigido a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, a pueblos, barrios, comunidades, sociedad civil organizada y no organizada, y a «todos los que defienden la vida y luchan contra las injusticias».
En un texto de nueve párrafos, denunciaron que en el operativo implementado «las fuerzas estatales se dirigieron a las casas ubicadas dentro del trazo del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, impulsado por el Grupo Higa», y «sin presentar una documentación bien integrada el Lic. Luis Enrique García, jefe del departamento del sistema de autopistas del Estado de México, informó al doctor Armando García y a su familia que haría el avalúo de su vivienda. El doctor Armando García argumentó la existencia de un amparo que da la suspensión provisional del proyecto y que invalida el desalojo y la destrucción de su hogar».
- El gobierno del Estado de México envió a la fuerza pública para continuar la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan.
Sostuvieron que «estas acciones por parte del gobierno del Estado de México son muestra de la política de despojo que se realiza a nivel nacional contra los pueblos, comunidades y barrios, donde se pretende implementar una serie de megaproyectos sin consultar a los habitantes de los diferentes territorios, proyectos que violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y son, a todas luces, proyectos de destrucción y ecocidio». Y no sólo «atentan contra la voluntad del pueblo de San Francisco Xochicuautla, sino que también viola sus propias leyes, ya que no están respetando el amparo con número 1123/2015- V emitido por el Juez Segundo de Distrito y Juicios Federales en el Estado de México que da la suspensión provisional del proyecto carretero. Con estas acciones se evidencia también la falta de acceso a la justicia, la política de terror y criminalización hacia los pueblos indígenas del Estado de México».
En tanto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, en el que participan el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, Serapaz y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, sostuvo «que el que éste tipo de acciones contra la comunidad sucedan ante la existencia de dos suspensiones de amparo conforma no sólo un acto de uso desproporcionado de la fuerza sino una clara afrenta a la legalidad».
- Estas acciones no son sólo «un acto de uso desproporcionado de la fuerza sino una clara afrenta a la legalidad».
Recuerda que la última suspensión fue otorgada por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federal del Estado de México, el mes pasado, que existen medidas precautorias otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que la comunidad de San Francisco Xochicuautla ha realizado actos de protesta pacífica desde hace 5 años en contra de la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, la cual afectaría de manera irreversible a la comunidad, pues generaría una afectación a sus cultivos de subsistencia, el corte de venas de agua y a las actividades sociales y culturales de la zona. «No es menor señalar que la comunidad de Xochicuautla ha sido víctima de agresiones, abusos y hostigamiento por parte de las autoridades estatales en el pasado. Éste tipo de actos no sólo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública».
«Ayuda, por favor»
En ese sentido, María Isabel Hernández García dijo: «Eso es lo que denuncio, cómo es posible que hay amparos… estamos en un país en que no se respetan las leyes. No se vale, esta lucha ha sido toda pacífica, diez años llevamos. No se vale, nosotros somos una gente pacífica, no tenemos armas, no tenemos nada, nos dedicamos a trabajar honradamente y así nos pisotean los tres gobiernos, llámese Peña Nieto, llámense estatal y federal y municipal, Gobernación que está en este momento. Por lo tanto, pido ayuda de todos los mexicanos (…) Luchemos por un México mejor, un México donde de verdad seamos libres, donde de verdad nos respeten y nos dejen trabajar. Es todo. Ayuda, ayuda, por favor».
- El gobierno de Eruviel Ávila no respetó los amparos concedidos a los habitantes de Xochicuautla.
Armando García Salazar sostuvo que «de antemano, sabemos que si estamos en oposición a este proyecto, es porque la ley, entre comillas, nos está asistiendo. Los amparos que tenemos vigentes son prueba de ello. Sin embargo, el personal de hoy, encabezado por un señor que se dijo llamar Luis Enrique García (…), es quien hoy por la mañana me decía que me hacía una notificación con una copia de lo que es el decreto expropiatorio. Obviamente esa notificación no venía a mi nombre y por lo cual no se la recibí. Y, pues bueno, esta fue la respuesta de ellos para demostrar el poderío del gobierno». Sólo quiero «decirles que en este país la justicia sólo existe para los que tienen dinero. Para los pobres, pues no hay justicia».
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