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Edgar Cortez
La semana pasada a propósito del artículo donde señalé que la estrategia de seguridad mantenida durante veinte años ha fracasado, una persona conocida preguntó ¿entonces qué sigue? La pregunta es crucial y se debe abordar desde la perspectiva ciudadana y la realidad local.
El enfoque dominante de la seguridad pública establece que ésta es un servicio a cargo del Estado y los ciudadanos son meros beneficiarios de la misma. Aquí radica un primer reto, las autoridades no consideran que las ciudadanas y los ciudadanos tengan que participar en el diseño de las estrategias de su seguridad, monitorear la ejecución de las mismas y evaluar sus resultados para que se hagan los ajustes necesarios. Entonces un primer cambio es que los ciudadanos nos involucremos para construir junto con las autoridades la seguridad en nuestras comunidades.
Un segundo aspecto es distinguir que la seguridad pública se integra con diversos componentes y por tanto la inseguridad adquiere distintas dimensiones. Una está asociada a la delincuencia organizada y los grandes negocios ilegales; otra es la delincuencia común y una más tiene que ver con las conflictos derivados de la convivencia.
El ámbito inmediato de la seguridad es el que sucede en nuestras colonias, barrios, pueblos y tiene que ver con la vecindad y sus propios conflictos. Aquí son las personas quienes debemos crear, propiciar y fortalecer los vínculos de confianza con quienes compartimos el hábitat así como aprender a resolver los conflictos comunitarios.
Tal cosa parece muy simple pero en realidad es un aprendizaje poco desarrollado en nuestra sociedad. Cuantas veces un conflicto vecinal termina en el Ministerio Público y ese hecho sólo aumenta el encono. Los ciudadanos tenemos que aprender que el derecho penal nunca va a resolver los asuntos que nosotros directamente debemos destrabar.
Este entorno necesita de una policía comunitaria, cercana, bajo el control de la comunidad y capacitada para mediar y ayudar a resolver conflictos vecinales. Igualmente esencial es el urbanismo para que el desarrollo de nuestras colonias, barrios y pueblos propicie el encuentro y la convivencia. Al respecto un primer paso sería que las autoridades locales abandonen el modelo de urbanismo salvaje y recuperen la vocación social de la propiedad
Estos y muchos otros asuntos de la vida comunitaria sucederán si las vecinas y los vecinos lo asumimos como tarea propia.
Otra dimensión de la inseguridad está asociada con la delincuencia común, como sería el robo a casa habitación, el robo a transeúntes, accidentes de tránsito, etc. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 señala que durante 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos comunes a lo largo del país y que 31 millones no fueron denunciados – es decir el 93.8 por ciento – fundamentalmente porque las personas no confían en la autoridad.
Revertir esta situación sólo puede sólo puede ser el resultado de cambios profundos y no de medidas cosméticas. En la actualidad se está poniendo a funcionar el Sistema Penal Acusatorio en todo el país; este sistema pretende investigar objetivamente los delitos, acusar a una persona con base en evidencia científica pero sobre todo buscar que la justicia penal se concentre en los delitos graves mientras que los delitos menores puedan ser resueltos mediante soluciones alternas. Estos procesos fácilmente pueden malograrse si la sociedad no los vigila y exige resultados acordes a las necesidades de las personas y no de los políticos.
También se debe considerar la necesidad de que las policías se transformen en cuerpos profesionales con una vocación de protección de los derechos de las personas, dejando atrás el ser instrumentos de los políticos para reprimir a los ciudadanos. Para adelantar es indispensable que todo cuerpo de policía cuente con mecanismos de control donde los ciudadanos participen ejerciendo cotidianamente la rendición de cuentas policial. Resulta clave insistir en que a lo largo de esta ruta se debe asegurar y garantizar los derechos humanos de los policías.
El tercer círculo que integra la actual atmosfera de inseguridad es la delincuencia organizada, asociada a los negocios ilegales de alcance global. Para enfrentar este nivel es indispensable una estrategia que privilegie afectar el flujo de recursos ilegales y minar una de las principales fortalezas de la delincuencia organizada; además habría que favorecer el debate sobre la legalización de algunas drogas y tratar el tema del consumo como un asunto de salud pública y no penal.
Hay que ser enfáticos e insistir que el derecho penal no construye seguridad, ésta se alcanza con políticas sociales que cierren la enorme desigualdad existente y que en la actualidad condena a millones de personas a la miseria económica y a que nunca puedan ejercer sus propios derechos humanos. Por tanto una estrategia gubernamental de seguridad que no contenga vigorosas propuestas de política social, seguramente será fallida.
La inseguridad no es una realidad unicausal sino integrada por muchos componentes y en consecuencia no se le puede hacer frente con una estrategia univoca, como ha sido la militarización y la fuerza, en la que se han empecinados gobiernos federales y estales durante veinte años.
Por supuesto que sólo estoy apuntando algunas ideas; la respuesta sólo puede provenir del debate riguroso, plural y eminentemente ciudadano.
@edgarcortezm
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