SOMOSMASS99
Edgar Cortez
Martes 1 de septiembre de 2015
Lo que representa progreso para los gobiernos y los inversionistas, para las comunidades significa despojo, pérdida de identidad comunitaria y seguramente mayor pobreza y exclusión.
En México existen cientos de proyectos que de acuerdo con los gobiernos – federal, estatales y municipales- son calificados como de desarrollo pues, según sus promesas, representan inversión nacional e internacional y empleos; pero lo que deliberadamente ocultan es que esos mismos proyectos suponen el despojo de los territorios y recursos naturales de las comunidades, obligarlas a abandonar el lugar dónde han vivido desde siempre y la imposición de un modo diferente de vida al que ellas han elegido.
Uno de esos “proyectos de desarrollo” es el Proyecto Integral Morelos (PIM) cuyo objetivo es ampliar la red de gasoductos y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural por ductos para producir energía eléctrica fundamentalmente para la industria, a partir de operar un sistema consistente en dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan a base de gas natural (gasoducto) y vapor (acueducto). Las plantas se encuentran ubicadas en Huexca, Municipio de Yecapixtla, estado de Morelos.
Uno de los primeros engaños que han usado el gobierno federal y los gobiernos de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ha sido presentar el PIM como tres proyectos aislados (termoeléctricas, gasoducto y oleoducto), promoviendo de manera independiente y aislada cada uno de ellos, impidiendo así un análisis integral y completo de las impactos sociales, ambientales y acumulativos de éste.
En el caso del proyecto del gasoducto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el brazo ejecutor junto con tres empresas trasnacionales concesionarias del gasoducto -ELECNOR y ENAGAS, empresas españolas y la italiana BONATTI – además de las empresas locales que éstas han subcontratado.
Este proyecto afecta 29 municipios en los tres estados y más de un ciento de comunidades, lo que ha dado lugar a en cada entidad se haya constituido un proceso organizativo para resistir y oponerse a este megaproyecto. Las comunidades, sus autoridades y organizaciones civiles han resistido este embate durante casi cinco años. En el caso de Tlaxcala presento un recuento de lo que han tenido que enfrentar las comunidades, sus autoridades y las organizaciones que les apoyan.
El gasoducto, a lo largo de su trazo, atraviesa por zonas de riesgo volcánico pues estará muy cerca del volcán Popocatépetl y es una región bastante poblada. La posibilidad de que pueda suceder una enorme tragedia no parece importarle a ninguna autoridad.
A la fecha el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha emitido dictamen en materia arqueológica. Según esta institución, en el trazo del gasoducto se encuentra un estimado de 92 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de los cuales 7 de ellos pudiesen sufrir algún tipo de afectación directa o indirecta en el estado de Tlaxcala.
A pesar de que las autoridades de los tres niveles de gobierno resaltan la legalidad y transparencia del proyecto, lo cierto es que el procedimiento de licitación, adjudicación de contratos, permisos y autorizaciones otorgados ha sido oscuro, y las autoridades han sido excesivamente permisivas con las empresas encargadas del mismo, otorgándoles prórrogas, modificaciones, traslados y cesiones de muy cuestionable legalidad.
La posibilidad de acceso a la información pública del mismo ha sido sumamente compleja, resaltando el hecho de que en varias ocasiones ha sido negada en primera instancia por considerarse reservada, situación que ha sido revertida en procedimientos de revisión. Vale la pena resaltar lo que la misma CFE argumenta para negar la información:
- Dar información a las comunidades opositoras, pone en riesgo el trazo del proyecto y la seguridad nacional, por ser un proyecto estratégico;
- Dar a conocer el correcto y actual trazo del proyecto, lo pone en riesgo de retrasar la obra y perder inversión, por los “pocos” grupos opositores al mismo;
- Dar a conocer la información sobre servidumbres de paso, puede permitir a las personas interponer amparos en contra (sic).
Como si no fuera suficiente, en las últimas semanas las empresas han entrado por la fuerza a las tierras comunitarias para imponer las obras, apoyadas por el despliegue de la Policía Estatal.
Las comunidades, sus autoridades y las organizaciones que les apoyan han recurrido a los tribunales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la estatal, así como a las instancias de acceso a la información. Lamentablemente nada les ha asegurado que sus derechos se protejan.
Esta realidad niega el ejercicio del derecho a la autodeterminación que les pertenece a las comunidades indígenas. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 3, lo siguiente: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
La negativa del Estado mexicano para garantizar este derecho da como resultado lo que las mismas comunidades califican de la siguiente manera. Estos proyectos son “una estrategia articulada desde el gobierno para el despojo sistemático y estructural del territorio, de la cultura, de las formas de convivencia comunitaria, de los usos y costumbres, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de Tlaxcala”.
Su juicio es certero pues el actual modelo económico de desarrollo está construido sobre el despojo, empobrecimiento y la destrucción de la diversidad cultural. En consecuencia los derechos humanos tienen la obligación de trabajar, junto con muchos otros actores sociales, para cambiar el modelo económico.
Este es el tamaño del reto.
@edgarcortezm
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