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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Las exclamaciones de los padres dolidos por no encontrar a sus hijos normalistas, las voces que se alzan en donde quiera por los miles de desaparicidos, las demandas de justicia el 2 de octubre y el clamor contra la corrupción y la impunidad en todo el país, marcan el principio y el último día de lo que va de nuestro siglo.
A pesar de todo, de los testimonios que recorren Guanajuato y el territorio nacional, para Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nada de eso es signo de que hay una grave crisis de derechos humanos en todo México, como informó la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado viernes al término de su visita de cuatro días.
González Pérez asumió la presidencia de la CNDH el 15 de noviembre pasado. Después de la cuestionada gestión de Raúl Plascencia Villanueva parecía que habría renovados aires en la protección de los derechos humanos. Eran los días en que las protestas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, cobraban fuerza en México y el extranjero. A diferencia de su antecesor, que vio pasar las denuncias de detenciones arbitrarias y de que los desmanes de infiltrados trataban de quitarle el carácter pacífico a las manifestaciones, el nuevo ombudsman envió personal de la comisión a vigilar las marchas. Primera buena señal.
Luego, a finales de ese mismo mes, vino a la Universidad de Guanajuato donde junto con la ANUIES y la entonces subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, firmó el acuerdo de concertación de acciones para que desde las universidades públicas y privadas se difundiera e impulsara la aplicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en 2011. No obstante el retraso de cuatro años, el compromiso promovido por él mismo fue considerado una segunda buena señal.
Hoy, sin embargo, se conocen varias determinaciones que revelan que poco o nada ha cambiado en la CNDH. A finales de agosto, cuando el colectivo Justicia Pro Persona le pidió intervenir, la comisión anunció que abrió una queja por el homicidio, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, de la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro. Aún así, el titular de la Quinta Visitaduría General, encargada del Programa de Agravios a Peridistas y Defensores civiles de Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa, les dijo que “no había indicios de participación de agentes gubernamentales”. No tomó en cuenta o le pareció irrelevante que Nadia Vera haya dejado un video en el que responsabilizaba de cualquier cosa que le pudiera pasar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y que Rubén Espinosa haya salido de ese estado para refugiarse en el Distrito Federal por las amenazas que recubía de agentes gubernamentales.
A más de un mes de distancia, luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que desmintió la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso Ayotzinapa y de la visita In Loco de una comitiva de la CIDH, encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, en la que de acuerdo a sus conclusiones preliminares México atraviesa por “una grave crisis de derechos humanos” caracterizada por su extrema violencia e inseguridad, Raúl González Pérez quiso ser fiador de la postura del gobierno de la República al tratar de desmentir tales aseveraciones.
Casi en los mismos términos que lo hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, que aseguró que las observaciones preliminares de la CIDH “no reflejan la situación del país”, González Pérez ahora le dijo a la revista Proceso que sólo “en algunas regiones, en algunas zonas del país hay crisis de derechos humanos” y que lo bueno es la apertura de las autoridades federales con los organismos internacionales, de modo que si la CIDH “puso en la agenda temas sensibles, debemos atenderlos; son temas presentes en algunas regiones del país”.
Para nadie es un secreto que desde su nacimiento el 6 de junio de 1990, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido sometida a un férreo control por parte de los gobiernos en turno, hayan sido priistas o panistas. El costo que hemos tenido que pagar ha sido muy alto. Así se ve reflejado, a pesar de que se diga lo contrario, en cada estado de la República. A 25 años de su creación, una CNDH dependiente, controlada y manipulada por el gobierno federal no le sirve a México ni a los mexicanos.
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