SOMOSMASS99
Alfonso Díaz Rey*
Lunes 26 de agosto de 2024
Después de 36 años de la devastación neoliberal (1982-2018) que afectó a la nación en todos los aspectos de la vida, periodo en el que la clase dominante recurrió a tres grandes fraudes electorales (1988, 2006 y 2012) para mantener el control del gobierno federal e imponer su proyecto de entrega del país a intereses privados, proyecto en el que la mayor parte de los bienes y riquezas nacionales se privatizaron y propiciaron el fortalecimiento de las oligarquías local y extranjera que con ello se beneficiaron y dejaron al país y al pueblo prácticamente en la ruina, provocó que el 1 de julio de 2018 el pueblo se «alzara en urnas» y votara por un cambio en la política de conducción del país, con ello se desplazó a los neoliberales del gobierno, se evitó la total entrega de la nación a interese privados y se abrió la esperanza de recuperar lo que fue objeto del despojo.
El gobierno resultante de tal «alzamiento» ─que propuso una transformación del país favorable a la mayoría de la población─ significó la pérdida de privilegios para un sector de la oligarquía y su plantilla de servidores, quienes en busca de recuperar privilegios y posiciones conformaron una oposición política conservadora y reaccionaria, marcadamente de derecha, que se ha dedicado a obstaculizar las medidas y acciones que intentan cambios favorables a la nación; para ello cuentan con la complicidad de un sector del Poder Judicial (inmerso en la corrupción) y de organismos «autónomos» creados con esa finalidad.
Esos cómplices han sido considerados y utilizados por la derecha como contrapesos al Poder Ejecutivo. Además del Poder Judicial, a esos contrapesos pertenecen, entre otros organismos «autónomos»: la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Dado que uno de los problemas que requieren atención urgente en nuestro país es la corrupción, se plantea una reforma al Poder Judicial para erradicar esa práctica y la desaparición de organismos creados con la finalidad de defender y mantener el estado de cosas creado y heredado por los neoliberales.
Como la administración federal que está por concluir no alcanzó la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, y los intentos de modificar la legislación ─que no requerían de esa mayoría─ fueron obstaculizados o revertidos por tales contrapesos, la oposición de derecha se sintió con la fuerza para disputar el control del gobierno en la elección federal del pasado 2 de junio.
Ante su rotundo fracaso en las urnas y en su intención de anular la elección, para detener el proceso de transformación a la derecha le queda solamente la defensa de sus contrapesos, sobre todo del actual Poder Judicial. Para ello trató de impedir que los partidos de la coalición triunfadora en los recientes comicios tuvieran mayoría calificada en la Cámara de Diputados ─en la Cámara de Senadores quedaron a tres escaños de obtenerla─, intento en el que nuevamente fracasaron, ahora centran su táctica en la defensa del Poder Judicial.
En esa defensa ya mostraron la cara quienes mucho se han beneficiado con el saqueo neoliberal y la corrupción en el sistema judicial y que ahora se muestran como contrapesos externos; entre ellos: los bancos Morgan Stanley, Bank of America y Citibank (los tres de Estados Unidos); el Consejo de Empresas Globales, que reúne a 63 empresas transnacionales que operan en nuestro país, entre las que están: Bayer, AT&T, Cargill, General Motors, Pepsico, Iberdrola, Nestle, Siemens Energy, Exxon Mobil, Toyota, Arcelor Mittal, Stellantis, HSBC, VISA, FedEx.
Se agregaron a esos contrapesos externos los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, mediante comentarios, injerencistas y ofensivos a nuestra soberanía, de sus embajadores, actitud con la que confirman ser empleados de las grandes empresas y las oligarquías de esos países, que son quienes realmente tienen el poder.
Tal actitud injerencista de «diplomáticos», bancos y organismos financieros extranjeros y conglomerados transnacionales, disfrazada de «preocupación» por la democracia, muestra la alianza existente a nivel internacional entre las oligarquías para mantener en todos lados un estado de cosas favorable a los intereses del gran capital, que son opuestos a los de los pueblos.
A esas fuerzas, que explotan y oprimen a los pueblos y que no dudan en actuar concertadamente contra países aislados, solamente es posible enfrentarlas con pueblos organizados, conscientes y con fuertes vínculos de solidaridad y cooperación. De esa manera tendremos la posibilidad de construir un mundo mejor. Uno en el que no existan amos ni siervos.
* Miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Gustavo Ojeda / Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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