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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
En el informe del Grupo Intedisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado la semana pasada y que echó abajo la investifgación de la Procuraduría General de la República (PGR), hay algo más que simplemente haber ignorado la existencia de un quinto autobús supuestamente cargado de droga tomado por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Porque de comprobarse la veracidad del hallazgo del grupo de expertos, dejaría en palpable evidencia que las instituciones mexicanas no sólo han volteado hacia otro lado en el combate al crimen organizado y que el discurso oficial es solamente eso, un discurso, sino que los responsables directos de la seguridad y la paz social en nuestro país están tan involucrados y que son uno solo con la delincuencia que son capaces de desaparecer personas con el único fin de cuidar un negocio tan redituable como el del tráfico de drogas.
Mientras pasa el tiempo y se hace más fuerte el silencio de la PGR sobre ese asunto en particular, se fortalece la sospecha de que la cúpula del gobierno mexicano, el Ejecutivo federal y en consecuencia el Ejército, en todo momento tuvieron conocimiento de las razones por las que los normalistas fueron atacados, torturados, masacrados y desaparecidos, y decidieron no hacer otra cosa que guardar silencio con el fin de ocultar que la corrupción ligada al crimen organizado alcanza hasta a sus más altas esferas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, dijo la semana pasada en un acto de sinceridad -o de cinismo- que no se había dado a conocer la existencia del quinto autobús por las implicaciones que ello tendría. “El planteamiento que por ejemplo tiene que ver con la línea de investigación de estupefacietes es una línea muy delicada por lo que significa, por lo que puede representar. Por eso me parece que sólo a partir de una posición tan independiente como la de los expertos puede plantearse con esa claridad”, dijo a los medios. La autoridad federal, pues, no podía decirlo porque se exhibiría a sí misma como parte involucrada en la desaparición de los 43 normalistas, como también lo estarían los gobiernos estatal de Guerrero y municipal de Iguala. Todos, Ejército y policías federal, estatal y municipal, en un operativo conjunto con las bandas del crimen organizado para recuperar un camión cargado de heroína que tendría como destino la ciudad de Chicago, Estados Unidos, lo que a su vez representaría ganancias de miles de dólares por lo menos.
Pero si acaso fue pudor lo que llevó al gobierno federal a ocultar públicamente la exitencia de ese quinto autobús, cabría esperar que liberados de semejante losa ahora sí se pueda llegar al fondo del asunto. Si así fuera, estaría ahí la muestra de que es posible recomponer el camino, con lo que seguramente el gobierno federal recuperaría algo de la confianza que no se ha sabido ganar en los casi tres años que van del sexenio. Un buen inicio para salir de la crisis de derechos humanos en que está sumido el país. La oportunidad, aunque a destiempo, para dejar atrás la falsa idea de que la corrupción es un asunto de índole cultural de los mexicanos y que todavía es posible recomponer el camino. Una alternativa, más ahora que circulan veriones en la prensa nacional de que los supuestos sicarios que habrían desaparecido a los normalistas son en realidad trabajadores de la construcción secuestrados por las mismas autoridades y torturados para declarar que son ellos los responsables de su desaparición. Al final del día la pregunta es la misma que hace un año; ¿dónde están los 43?
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