Libertad de informar
Agustín Galo Samario
Lejos de lo que sucede en otras partes del país, donde la desoladora sensación de inseguridad permea el ejercicio periodístico y en muchas ocasiones se torna en tragedias, en Guanajuato los casos de agresiones a periodistas no son comunes. Esa normalidad se rompió por unos breves minutos la mañana del lunes, cuando un funcionario del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos fue sorprendido al salir del edificio del PAN municipal en León por el periodista Mario Armas.
El director y fotorreportero del medio digital Crónica Guanajuato hizo lo obvio cuando se percató que el hombre subía a un vehículo con el logotipo de ese instituto: preguntó la razón de su estancia en las instalaciones panistas y en horario de labores. No hubo más respuesta que agresiones verbales y una rápida fuga que por fortuna no terminó en un atropellamiento.
Debe reconocerse la reacción del presidente del PAN municipal, Alfredo Ling Altamirano, quien envió un documento sobre lo ocurrido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependencia que el mismo día abrió de oficio una investigación.
Presteza semejante, sin embargo, no quita gravedad a la agresión de un servidor público contra un periodista por el sólo hecho de realizar su trabajo. El de informar es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna que no debe ser limitado en forma alguna, menos por quienes se desempeñan en las instituciones de gobierno.
La titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Isabel Tinoco Torres, está obligada a llevar las investigaciones hasta donde sea necesario para, en principio, dar con el agresor. Y luego, aplicar las sanciones que amerita el caso. Porque aquí se cometieron dos faltas muy graves: utilizar recursos públicos para realizar actividades personales de índole partidario y atentar contra el derecho a informar de un periodista. Ambas infracciones deben ser sancionadas.
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