Un Rosario
Agustín Galo Samario
Una vez que estén listos el presupuesto y las reglas de operación del programa Prospera, anunciado por Enrique Peña Nieto en su segundo informe de gobierno, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, podrá pasar de las palabras que pronunció el 30 de abril en Nayarit a los hechos.
En aquella ocasión en Los Encinos, región donde habitan coras, huicholes y tepehuanos, dijo que Oportunidades –al que sustituye Prospera– ya no apoyará a las familias indígenas que tengan más de tres hijos porque hay personas que ven en la procreación una forma de ingresar más dinero a sus hogares. Pidió en ese mismo lugar que quienes recibían recursos de ese programa acudan a talleres de planificación familiar para que sean tres hijos en toda su vida y no más, pues ella cree firmemente en que la familia pequeña vive mejor.
Casi cinco meses después, y tras el anuncio presidencial, Daniel Aceves Villagrán, funcionario del Seguro Popular del todavía programa Oportunidades, dijo que Prospera iniciará con una fuerte campaña de planificación familiar dirigida, principalmente, a comunidades indígenas y rurales.
A excepción de los sectores más conservadores del país, en particular los ligados a la jerarquía de la Iglesia católica, no hay quien dude de la importancia de poner al alcance de la población la variedad de métodos anticonceptivos existentes y autorizados por las autoridades sanitarias. Porque el objetivo debería ser que las personas, informadas a través de los programas gubernamentales, puedan ejercer su derecho a la salud reproductiva.
El problema, como lo manifiestan organizaciones de derechos humanos, es que las políticas nacionales anunciadas para el combate a la pobreza puedan ser utilizadas para violentar los derechos reproductivos de las mujeres y los hombres en aras de la planificación familiar.
Luego de que en junio la Comisión Nacional contra la Discriminación exculpó a Rosario Robles por sus premonitorias declaraciones de Nayarit, ya sabemos que la respuesta tendrá que venir de los propios ciudadanos. ¿Qué pasará en Guanajuato, donde gobierna un partido distinto al que hoy despacha desde Palacio Nacional? ¿Nuestras comunidades indígenas más pobres podrán tener acceso a los apoyos de Prospera sin que se les regatee la información completa sobre sus derechos reproductivos? El propósito de combatir la pobreza es muy loable, pero habrá que estar atentos para que en su nombre no se violen derechos humanos.
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